Ciudad de México.- La reforma electoral que Morena y sus aliados aprobaron en el Congreso de la Unión solo se enfoca al ahorro de presupuesto, sin reparar en tareas que forman parte del engranaje de una elección y de la operatividad cotidiana de todos los órganos electorales. 

De acuerdo con un diagnóstico interno del Instituto Nacional Electoral (INE), de aplicarse esta reforma se provocará desorganización y embudos de actividades que generan incertidumbre en la organización de comicios federales y locales. 

Este año arranca la elección presidencial y del Congreso de la Unión, así como la renovación de ocho gubernaturas, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 31 congresos locales y mil 596 alcaldías en el país. 

En el documento se afirma que las modificaciones meten en aprietos a los institutos nacional y estatales, para ajustar sus estructuras en un periodo muy corto y previo a arrancar la organización de procesos rumbo a 2024. 

Por ejemplo, refiere, la reasignación de funciones y competencias requerirá de un nuevo catálogo de cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Las modificaciones vertidas en la reforma electoral que impulsa el Gobierno federal de Morena están las de iniciar el proceso electoral la tercera semana de noviembre de 2023 y no la primera de septiembre, también presiona y la realización de actividades, pues hay tareas que comienzan antes del proceso. 

Presión a congresos

A los congresos locales se les dan 180 días para hacer las adecuaciones, y el plazo vence en junio de 2023, por lo que dicho plazo es inoperante, pues nueve entidades inician su proceso en septiembre, y tendrían que concluir en mayo. 

“

Incluso, si se aprobaran las reformas locales en tiempo y forma, estos nueve Oples tendrían que hacer las adecuaciones de sus estructuras orgánicas en menos de tres meses, cuando ya están en curso actividades de preparación del proceso electoral 2023-2024”, señala.

“

No tener los calendarios a tiempo pondría en riesgo procesos esenciales para la organización del proceso electoral, como la fiscalización de recursos y la verificación de los apoyos ciudadanos”, refiere. 

El INE advierte que como consecuencia de no tener juntas distritales permanentes, se afecta la cadena de custodia y el monitoreo de radio y televisión, pues los Centros de Verificación y Monitoreo (Cevem) están en esas instalaciones.