Ciudad de México.- Especialistas en democracia advierten que la pregunta de la Consulta Popular del 1 de agosto es tan ambigua, que los ciudadanos no tienen certeza sobre qué actores políticos o hechos del pasado deben investigarse.

Sin embargo, consideraron que dicho ejercicio debe dar pie a un reclamo generalizado de la ciudadanía para que autoridades de todos los órdenes de gobierno cumplan con su obligación de aplicar la justicia, pues ésta no puede estar sujeta a un sondeo.

Durante la primera jornada nacional sobre la consulta popular, organizada por el INE, tres expertos discutieron sobre lo positivo y negativo de este mecanismo.

Irma Méndez, investigadora en democracia, elecciones y partidos y profesora en Flacso México, consideró que existen muchas interrogantes sobre qué pasará con el resultado, la principal es qué instituciones se harán cargo de cumplir con el sí que derive del sondeo.

“ Yo digo que el que tiene la obligación de llamar a cuentas a los actores políticos es el Poder Legislativo. El problema es cómo van a decidir qué son decisiones políticas, hasta donde nos vamos en el pasado, si son decisiones de política pública o decisiones políticas.

“ Los actores políticos, son aquellos a los que elegimos a través del voto universal, secreto y directo, incluido el Presidente, los ex Presidentes, los gobernadores, diputados federales y locales”, dijo.

Francisco Javier Dondé Matute, académico de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y quien tiene posgrados en instituciones nacionales y extranjeras en derecho, coincidió en que en el paquete debe estar incluido el Presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete, pues el pasado involucra decisiones de ayer.

Sin embargo, consideró que es un ejercicio en el que los ciudadanos deben participar, aun votando por el NO, pues es la primera consulta en el País, y es un mecanismo que necesita fortalecerse.

Alejandro Monsiváis, profesor de la Frontera Norte, lamentó, sin mencionar a Morena, que organizaciones políticas busquen la participación ciudadana con propaganda “falaz y mal intencionada”, al afirmar que es para juzgar a los ex Presidentes.

Esto, consideró, porque crean en los ciudadanos expectativas que no se cumplirán, pues hasta el momento nadie sabe qué actores políticos serán juzgados.

Lamentó que la Suprema Corte de Justicia hiciera una pregunta tan general y poco inclusiva, cuando las consultas que se han efectuado en otros países son claras y consecuentes.

Por ejemplo, dijo, cuando se preguntó si Reino Unido debía salirse de la Unión Europea o cuando a los chilenos se les consultó si querían una nueva constitución y qué organismo debía hacerse cargo.

“ Aquí la pregunta dice poco sobre las consecuencias que habrá. Algunos hablan de una comisión de la verdad, pero no se sabe porque la pregunta no hace referencia a eso, e investigar los delitos del pasado no depende del resultado de una consulta, es obligación de las autoridades hacerlo”, dijo.

La consejera Norma de la Cruz recordó que serán tres jornadas nacionales, 32 estatales y 300 distritales, en las cuales participarán académicos, cuyas opiniones no representan la visión del INE, y quienes responderán a preguntas sobre los alcances de dicho ejercicio.