Ciudad de México.- La eventual renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) sería insuficiente si se acreditan responsabilidades por actos u omisiones durante su gestión, advirtió el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en San Lázaro.

“La renuncia será, en todo caso, un acto insuficiente. En caso de responsabilidad debe caer todo el peso de la ley”, enfatizó.

Ramírez Cuéllar sostuvo que la consejera presidenta puede ser sustituida conforme a los procedimientos legales, pero advirtió que su eventual salida del organismo electoral no debe impedir que se investiguen posibles irregularidades en el ejercicio de su cargo.

“La renuncia es un acto personal. Pero la responsabilidad institucional es ir a fondo en las investigaciones. La Constitución y la ley establecen el procedimiento”, afirmó.

El vicecoordinador de Morena señaló que, ante una eventual dimisión de Taddei, sería urgente designar a una persona que garantice la conducción del INE, debido a la proximidad de los comicios.

“Faltan 225 días para la elección y la institución responsable no puede quedar al garete, sin una cabeza que la conduzca con probidad”, subrayó.

El diputado insistió en que una eventual sustitución debe acompañarse de las investigaciones necesarias para determinar si existen responsabilidades políticas o jurídicas y, en su caso, presentar las denuncias correspondientes.

Recordó que los artículos 109, fracción I, y 110 de la Constitución contemplan la posibilidad de someter a juicio político a quien ocupe la Presidencia del Consejo General del INE.

Explicó que una denuncia de esta naturaleza debe presentarse ante la Cámara de Diputados, donde la Subcomisión de Examen Previo determina si existen elementos suficientes para iniciar el procedimiento.

Asimismo, señaló que el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece entre las posibles causas de juicio político las infracciones graves a la Constitución o a las leyes federales, así como las omisiones que afecten el funcionamiento de las instituciones.

También contempla las violaciones graves o sistemáticas a las disposiciones relacionadas con el manejo de recursos públicos.

Ramírez Cuéllar indicó que, de acreditarse las responsabilidades y emitirse una resolución condenatoria, las sanciones pueden incluir la destitución del cargo y la inhabilitación para ejercer funciones públicas.