México.- En México no existe la cultura de la denuncia por delitos cometidos en Internet, principalmente los que ocurren en el entorno de las redes sociales, lo que implica riesgo para los menores, advirtió la legisladora Cristina Ruiz Sandoval.

La presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados planteó que “muchas veces nos quejamos por lo que está sucediendo, pero no acudimos a denunciar; entonces es difícil detener a los delincuentes que están detrás de ellas”.

En entrevista, explicó que hay mucho temor a realizar denuncias por situaciones que se presentan en las redes sociales como Facebook y Twitter, donde se habla de venta de drogas, armas e incluso de reclutar a personas con fines de trata.

De ahí la necesidad de exigir a las autoridades que estén muy atentas a esos temas y que simplifiquen la denuncia.

“La realidad es que la tardanza en el trabajo que tienen los agentes del Ministerio Público, los de investigación y los fiscales, siempre evita que la gente se acerque a denunciar con confianza”.

Alertó que las redes sociales se están convirtiendo no solamente en un riesgo por el tema de venta de drogas y armas, sino también por el asunto de trata, lo cual es cada vez más frecuente.

La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) subrayó que “nosotros, diputados y senadores, hemos venido trabajando en las leyes que permitan sancionar a todos estos delincuentes”.

Sin embargo, dijo, “nunca se especificó que quienes deben estar más atentos son los padres de familia para saber qué están haciendo nuestros hijos, qué están viendo nuestros hijos; esa es la mayor responsabilidad”.

Hizo notar que los nombres y las fotos que aparecen en los perfiles y blogs en la mayoría de casos son falsos o tienen identidades distintas a las publicadas.

“Difícilmente uno puede detectar dónde están esas personas, de dónde son o detectar si efectivamente detrás de ellos hay un grupo de delincuentes”.

Ruiz Sandoval lamentó que las nuevas tecnologías de la comunicación acerquen los riesgos y delitos a los menores de edad, quienes tienen facilidad de adquirir ciertas prácticas contrarias a la ley que incrementan el índice delictivo.