México, DF.- Una larga cadena de irregularidades y presuntas corruptelas en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) –sobre todo cuando su titular era el capitán Gilberto López Meyer incidió en la tragedia aérea del 3 de noviembre, en la que murió Juan Camilo Mouriño.

Según información derivada de las pesquisas en torno al siniestro, la corrupción se inició, al parecer, con la compra del defectuoso Lear Jet 45 de segunda mano, hecha por la Secretaría de Gobernación; le siguió un dudoso proceso de licitación para el mantenimiento a la nave; hasta llegar a la deficiente capacitación a uno de los pilotos, avalada por la autoridad aeronáutica, que también certificó a la escuela que lo mal entrenó.

Ahora es el propio López Meyer quien interpuso una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que investigara los probables ilícitos que cometieron sus entonces subalternos.

En tanto, el titular de la dependencia, Salvador Vega, ya adelantó que la corrupción fue la que mató a Mouriño.

Malas señales

Pese a que el Gobierno de EU advirtió en 2003 que los Lear Jet 45 tenían fallas, Gobernación adquirió el avión al año siguiente.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) señalaba que por lo menos 222 de estas aeronaves –fabricadas por la canadiense Bombardier– tenían fallas en una pieza de su estabilizador horizontal.

Hasta el mismo fabricante había informado que los Lear Jet tenían condiciones de fatiga en el tren de aterrizaje, por lo que eran un obstáculo para cumplir con sus expectativas. Aún así, Gobernación compró el aparato en alrededor de 7 millones de dólares, un precio de ganga, si se toma en cuenta que –según los expertos– su valor real era de entre 9 y 11 millones de dólares.

En noviembre de 2005, el entonces secretario de Gobernación Carlos Abascal canceló una visita a Mérida debido a que se detectaron fallas en el tablero sobre el sistema de frenos de la aeronave, por lo que se le hizo una exhaustiva revisión.

Después, en diciembre de 2007, Gobernación celebró un contrato –por 13.6 mdp– con la empresa privada Centro de Servicios de Aviación Ejecutiva, para que ésta se encargara por un año del mantenimiento integral de la nave y le proveyera además de sus pilotos Álvaro Sánchez y Martín de Jesús Oliva.

Irregularidades

La semana pasada, la SFP realizó un operativo sorpresa en oficinas de Gobernación, para tomar bajo resguardo toda la documentación relacionada con este contrato, que estuvo a cargo de la Dirección General de Recursos Materiales.

Los tres funcionarios de esta dirección que participaron directamente en la licitación pública son Carlos Juraidini Rumilla, director de Adquisiciones; Francisco González Muñoz, director adjunto de Recursos Materiales; y Efrén Galindo Amador, subdirector de Adquisiciones.

El viernes 21, Luis Téllez, secretario de Comunicaciones y Transportes, adelantó algunas irregularidades en el contrato: “En dicha licitación no se exigió específicamente la licencia de operación del taller que daría mantenimiento a la aeronave; no se pidió específicamente un mínimo de horas de vuelo del personal de pilotos que podría operar el avión.

“Hasta este momento el comité investigador no tiene evidencia de la disponibilidad de dos equipos que pudieran sustituir al Lear Jet 45 XC-VMC, en los casos en que éste no pudiera ser usado por encontrarse en mantenimiento, conforme a uno de los compromisos asumidos por la empresa”.

Licencia ilegal

Aparte de “estas irregularidades que podrían constituir responsabilidades por parte de la empresa”, Téllez agregó que un centro de capacitación aeronáutico en el aeropuerto de Toluca revalidó ilegalmente la licencia de uno de los pilotos del Lear Jet, la cual pudo ser avalada “por algún servidor público” adscrito a la comandancia de ese aeropuerto.

Sin mencionar sus nombres, Téllez se refirió al copiloto Álvaro Sánchez y al Centro de Adiestramiento y Asesoramiento Aeronáutico de Toluca.

Piloto ‘capaz ’

El copiloto Álvaro Sánchez se presentó en la escuela de adiestramiento aeronáutico de Toluca, Estado de México, en febrero, con una licencia ya autorizada por la DGAC que lo acreditaba con capacidad para volar el LearJet 45. Su licencia estaba por vencer.

Bitácora

El copiloto hizo que el instructor Francisco Chao Fernández le firmara una bitácora de vuelo en blanco, que llenó el propio copiloto adjudicándose 11 prácticas de vuelo en el Lear Jet 45. Luego, pidió que se la sellara una secretaria del centro.

Fallas

Estos hechos empiezan a destapar muchas irregularidades en la expedición de licencias y en el funcionamiento de los centros de capacitación aeronáutica, que deben ser supervisados por la DGAC. Según datos del Colegio de Pilotos, actualmente hay en México alrededor de 6 mil 200 pilotos con licencia y unas 100 escuelas de aviación “legales”.