México.- El líder el PVEM en el Senado, Arturo Escobar y Vega, informó que el próximo miércoles estará listo el nuevo proyecto de dictamen sobre la Ley Antisecuestro, que tiene como prioridad proteger los derechos humanos de las víctimas y sus familias.

En entrevista, reconoció que el mayor reto de las fuerzas políticas que integran las comisiones que analizan la iniciativa es llegar al consenso para neutralizar los recursos económicos del crimen organizado, dígase narcotráfico, secuestro o cualquier otro delito.

Escobar y Vega reconoció que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene el monopolio discrecional de definir qué cuentas o a qué personas físicas o morales le enteran a la Procuraduría General de la República para que sean sujetos a una investigación penal.

Adelantó que “eso será parte de los puntos que se reestructurarán y que formarán parte de la ley para combatir los temas de crimen organizado, narcotráfico y secuestro”.

En referencia al secuestro, consideró se debe aprovechar la Ley de Extinción de Dominio como un instrumento valioso para combatirlo, pero para ello “hay que contar con sistemas modernos de investigación que nos lleven a expropiar bienes, muebles e inmuebles”, dijo.

“Pudiéramos ir a una legislación mercantil donde se prohíba la compra de bienes como autos o casas en efectivo, para que esas transacciones se hagan vía depósito o cheque y así bloquear los métodos que tiene el crimen organizado para operar”, señaló.

Agregó que otro de los temas a discutir es la reparación del daño a la víctima o a la familia que sufrió el secuestro.

Esa idea va en dos vías: la primera es que una vez que se captura a la banda o al delincuente se neutralizan sus bienes y la venta, materia de éstos, podría ser utilizada para reparar el daño.

La segunda, agregó, es castigar al Estado mexicano por omisión en materia de secuestro y obligarlo, una vez que se resuelve el delito, a que repare el daño por haber caído en omisión.

Explicó que esa será posible “siempre y cuando esté involucrado un funcionario del Estado mexicano, es decir, el Ministerio Público o la Policía Federal y se compruebe su vínculo con ese acto de omisión para que repare el daño con algún tipo de pago”.

Respecto al tema de la pena de muerte, dijo que “no es letra muerta, sino que un asunto que se debate y discute como una reforma constitucional en la Cámara de Diputados”.

Finalmente, aclaró que no es materia de la Ley Antisecuestro, pues sería una reforma Constitucional que traería una línea diferente en el Senado y en la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados.