La aprobación de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar reactivó la vieja discusión de hasta dónde deben involucrarse los ahorros para el retiro en la obra pública.

El tema suele plantearse en blancos y negros, ya que todo es riesgo o todo es oportunidad, cuando en realidad el problema está en los matices.

Hoy, las Afores administran 8.6 billones de pesos, equivalentes a 24.6% del PIB, y cerca de 1.02 billones ya están colocados en infraestructura a través de deuda privada, Fibras y vehículos estructurados. No se trata, entonces, de abrir una nueva puerta, sino de ampliar un corredor que ya existe.

La Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), que preside Guillermo Zamarripa, ya advirtió que la nueva ley no obliga a invertir, no modifica los límites regulatorios y no altera el mandato fiduciario.

El tope de hasta 30% en instrumentos estructurados está vigente desde 2024 y hoy apenas se utiliza alrededor de 8% de ese margen. Las decisiones, insiste el gremio, seguirán pasando por los comités de inversión de cada Afore y por criterios de rentabilidad y riesgo. El problema, sostienen, no es legal, sino de percepción.

La oposición coincide en que no hay expropiación ni toma directa de recursos. Donde discrepa es en el contexto. Legisladores del PAN, PRI y MC advierten que, aunque la ley no imponga obligaciones formales, sí modifica los incentivos. Al facilitar esquemas de inversión mixta y permitir iniciar obras sin presupuesto totalmente asegurado, se introduce una zona gris donde el riesgo financiero puede desplazarse hacia inversionistas institucionales, incluidas las Afores.

Otro punto de fricción es la naturaleza de los instrumentos. De los recursos en infraestructura, 662 mil 526 millones de pesos están en CKD’s y CERPI’s, vehículos de baja liquidez y horizontes largos. A eso se suman 258 mil 944 millones en Fibras, sensibles al ciclo inmobiliario y a tasas de interés todavía elevadas. No son apuestas irresponsables, pero tampoco fácilmente reversibles.

La escala del sistema amplifica cualquier error. Con un plazo promedio de inversión de 11.3 años y más de 57% de los recursos colocados a más de una década, la estabilidad regulatoria no es un supuesto menor. Si el crecimiento del ahorro se ha duplicado entre 2020 y 2026, pero su ritmo anual se desacelera, la pregunta no es si las Afores saben invertir, sino si el entorno empuja el portafolio hacia proyectos donde el retorno financiero queda subordinado a otras prioridades.

La ley no toma el dinero, lo que hace es mover el punto de equilibrio. Y cuando se trata del ahorro para el retiro, ese desplazamiento merece algo más que consignas tranquilizadoras.

TMSOURCING, QUE preside Adolfo González Olhovich, busca obtener una licencia como casa de bolsa, la que estaría enfocada en pymes, ya que ven una de las limitaciones más persistentes del sistema financiero mexicano, que es el acceso desigual al mercado de capitales. Aunque el país cuenta con un marco regulatorio sólido y alineado a estándares internacionales, ese andamiaje no siempre se traduce en opciones reales para las pequeñas y medianas empresas, que siguen dependiendo casi exclusivamente del crédito bancario. Una casa de bolsa especializada podría ser parte de una solución, siempre que el enfoque no se diluya en la retórica regulatoria.

LA ÚLTIMA radiografía del turismo mexicano confirma que el volumen ya no garantiza mejores resultados. De acuerdo con el Inegi, que encabeza Graciela Márquez Colín, en febrero de 2026 los ingresos por turismo apenas crecieron 0.4% anual, al sumar 3 mil 268 millones de dólares, su menor avance en 28 meses, mientras que los egresos se dispararon 25.4% hasta mil 55 millones. Aunque llegaron 8 millones de turistas internacionales, un aumento de 8.5%, el gasto no acompañó ese flujo. Al mismo tiempo, 6.5 millones de mexicanos viajaron al extranjero, 15.7% más que un año antes, presionando la balanza. El superávit turístico se mantuvo en 4 mil 377 millones de dólares, pero fue 6.5% menor al del primer bimestre de 2025. México sigue atrayendo visitantes, pero pierde terreno en valor.

LA RATIFICACIÓN de la nota soberana de México en “BBB-” con perspectiva estable confirma que el país conserva el grado de inversión, pero no deja de generar preocupaciones. Fitch Ratings advierte que el crecimiento seguirá siendo moderado a largo plazo, limitado por una base de ingresos baja, rigideces presupuestarias y los pasivos contingentes de Pemex. La economía creció apenas 0.6% en 2025, tras 1.4% en 2024, cifras que, aunque superaron las expectativas de la calificadora, reflejan un dinamismo anémico. Fitch proyecta un repunte a 1.7% en 2026, apoyado en la dilución del ajuste fiscal y la derrama del Mundial de Futbol, pero el impulso es temporal. La revisión del T-MEC sigue siendo un foco de incertidumbre.

EL SEGUNDO incendio en menos de un mes en la refinería Olmeca vuelve a poner bajo la lupa a uno de los proyectos emblema de Pemex. Aunque la empresa, dirigida por Víctor Rodríguez, afirma que la planta sigue “segura y operativa” y que no hubo heridos ni intoxicados, la historia reciente les estalla en la cara, pues hace apenas semanas un siniestro similar dejó cinco personas muertas. La refinería, que tiene dos años en operación y es un legado directo de la administración de Andrés Manuel López Obrador, enfrenta ahora una crisis de credibilidad más que técnica. Pemex dice que investiga las causas y descarta riesgos para la comunidad, pero la recurrencia de los incidentes debilita ese mensaje.