México, DF.- Cuando Cecilia Guadalupe Romero, comisionada del Instituto Nacional de Migración, define a los agentes y funcionarios que están a su cargo es clara: “Son como todos los seres humanos, los mexicanos y el resto de los servidores públicos… muy proclives a abusar del débil”.

En entrevista, reconoció que esta tendencia hace vulnerable al INM, principalmente porque hay denuncias y quejas permanentes en su contra en medio de procesos de capacitación, supervisión y rotación de personal para “darle humanidad a su trabajo”.

“Necesitamos complementar el respeto a la dignidad del migrante, aunque no tenga papeles y esté desvalido, esto sí nos hace una dependencia muy vulnerable y tenemos que atenderla a cabalidad para poder trabajar a fondo en el material humano con el que trabajamos, para darle sentido humanitario a nuestra función”, reconoció la funcionaria.

Romero aclaró que si bien el personal a su cargo se desempeña en “un ambiente proclive a la extorsión”, han reforzado sus programas de dignificación en estaciones migratorias para apoyar a los indocumentados extranjeros, hasta llegar al heroísmo.

“Hay acciones heroicas porque han llegado a desprenderse de objetos y recursos personales para apoyar a los indocumentados, de cooperarse para comprar las medicinas que necesitan algunos de ellos porque estaba cerrado el consultorio y de traslados en circunstancias difíciles.

“Es un entorno proclive a la extorsión, desde acercar unos cigarros que puede ser un acto de caridad con un indocumentado, al rato se convierte en comercio, esos son los temas que nos preocupan y en los que estamos trabajando”, subrayó.

RECOMENDACIONES
Sobre las 23 recomendaciones que ha recibido la dependencia en los últimos cuatro años por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Romero dijo que no tiene idea de cuántos servidores públicos del INM han sido sancionados o inhabilitados.

“Hemos cumplimentado a cabalidad el 100% de ellas, ya que luego de una denuncia, ésta se turna al órgano interno de control del INM para iniciar un procedimiento junto con la Secretaría de la Función Pública y hemos presentado a algunos ante el Ministerio Público y hay otros encarcelados”.

-¿A usted no le informan de cuántos agentes o funcionarios han sido inhabilitados?

“Sí, hay muchos funcionarios inhabilitados y no solamente por las recomendaciones de la CNDH, que por su reglamentación, sus recomendaciones tardan años en llegar y cuando eso ocurre, al funcionario ya lo corrimos por esa u otra recomendación, ya se fue, o lo cambiamos de adscripción, en la práctica tiene poco efecto la recomendación”, acotó.

Sobre Juliana López Aguirre, colombiana internada en la estación migratoria de Iztapalapa, quien se quejó por medio de una misiva de no recibir alimentación apropiada por su condición de diabética en el INM, la funcionaria reiteró que “se le dio de comer seis veces al día con alimento especial y seguramente ya fue expulsada a su país”.

-¿Cuántos sancionados del INM hubo por el caso del comando que rescató a 33 de cubanos el año pasado?

“Eso se turnó a la PGR, porque esto se confunde, ya que no somos detectives ni investigadores, ni Ministerio Público, somos agentes migratorios… pero se determinó el arraigo de nueve, de los cuales quedaron libres siete y dos fueron consignados y posteriormente, salieron bajo fianza”.