Ciudad de México.- El crimen organizado ha entrado a un nuevo giro: el despojo de bienes.

La apropiación ilegal de inmuebles, terrenos agrícolas y predios de alta plusvalía se registra en México como una red delictiva que opera bajo la complicidad o negligencia de autoridades locales en al menos 11 entidades del país.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que, hasta el primer semestre de 2026, se registraron 15 mil 311 víctimas de despojo en México.

A nivel nacional, organismos como México Evalúa estiman que la impunidad en este delito alcanza un 96.36 por ciento.

En el Estado de México, Guanajuato, Puebla, Veracruz, Jalisco, Oaxaca, Nayarit, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, y Colima se acumulan denuncias, quejas y protestas que señalan la complicidad de funcionarios públicos de distintos niveles.

No obstante, en Chihuahua, Chiapas y Michoacán familias han sido expulsadas de sus territorios por grupos del crimen organizado que se apoderan de sus viviendas y parcelas.

Organizaciones civiles y víctimas señalan redes de despojo que recurren a suplantación de identidad, falsificación de escrituras y presunta cooptación judicial, con posible participación de autoridades. Jorge Paredes, de Realty Experts, estima 45 mil carpetas por este delito, 30% en CDMX y Edomex, y advierte que 40% de las víctimas son mayores de 60 años.

Ventilan red notarial ligada con despojos

Redes presuntamente integradas por funcionarios judiciales, abogados y notarios habrían participado en fraudes procesales y despojos de viviendas y terrenos de alto valor en Nayarit y otras entidades.

Integrantes de la familia Guzmán Franco acusaron al Gobierno de Nayarit a cargo del morenista Miguel Ángel Navarro (foto) y al Fideicomiso de BahÌa de Banderas (FIBBA) de acoso, hostigamiento y un presunto intento de despojo.

En la Riviera Nayarit, Bahía de Banderas y Compostela se señalaron casos que involucran suplantación de identidad, escrituras apócrifas y detenciones de propietarios.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documentó que más de 60 mil familias fueron afectadas entre 2013 y 2018 mediante juicios irregulares relacionados con créditos vencidos del Infonavit.