Tegucigalpa.- Al menos 718 mujeres hondureñas denunciaron durante 2025 estar en riesgo o ser víctimas de desplazamiento forzado, una cifra que refleja cómo la violencia de género se ha consolidado como uno de los principales motores de este fenómeno en el país, informó este jueves el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh).

El Conadeh precisó en un informe que atendió en el último año un total de 350 quejas de mujeres que relataron estar en riesgo o ser víctimas de desplazamiento forzado por la violencia.

La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes, indicó que la violencia de género se ha consolidado como una de las “principales causas” del desplazamiento forzado en Honduras, obligando a mujeres y niñas a abandonar sus hogares para salvaguardar su integridad.

Destacó, además, que las amenazas directas son la causa principal del desplazamiento en el 38 % de los casos reportados por mujeres.

A esto se suman otros factores como la muerte violenta de familiares, tentativas de homicidio, lesiones, despojo y destrucción de viviendas, entre otros.

El 25 % de las víctimas señaló a su pareja o expareja como los agresores, mientras que el 27 % identificó a otras personas conocidas.

Por su parte, las estructuras criminales fueron responsables del 16 % de las quejas y un 15 % correspondió a desconocidos.

Reyes lamentó que en el 7 % de los casos los denunciados son miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, lo que agrava la desprotección de las mujeres al reducir sus opciones de auxilio institucional.

Las amas de casa concentran el 48 % de las víctimas de desplazamiento forzado por violencia en Honduras, seguidas de las comerciantes (18 %), docentes (17 %), abogadas (9 %) y enfermeras (4 %), mientras que las estudiantes y las periodistas representan el 2 % cada una, según cifras de un organismo de derechos humanos.

Honduras cuenta desde finales de 2022 con la Ley de Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia.

Esta normativa, calificada por organismos internacionales como un “gran paso”, busca ofrecer una respuesta estructural a las crisis humanitarias derivadas del desplazamiento y establecer mecanismos de prevención frente a un fenómeno reconocido por Honduras en 2013.