Estados Unidos.— Brandon Keith Riley-Mitchell fue condenado en 2016 por posesión de pornografía infantil y corrupción de un menor. Desde entonces, su nombre aparece en el registro de delincuentes sexuales del estado de Pensilvania. A pesar de ello, hoy presume en redes sociales fotografías junto a un bebé que, según múltiples fuentes, obtuvo mediante un proceso de gestación subrogada.

BREAKING – It’s been revealed a gay couple who crowdfunded their surrogacy journey now has custody of a baby boy, despite one partner Brandon Keith Riley Mitchell being a convicted child sex offender, using a Pennsylvania surrogacy loophole that bypasses state adoption… pic.twitter.com/XkSRSNnpTs

— Right Angle News Network (@Rightanglenews) July 28, 2025

El hecho ha generado una ola de indignación entre activistas y defensores de derechos de la infancia en Estados Unidos y otros países, quienes señalan que este caso expone graves fallos en los mecanismos de control para proteger a menores de edad. Bajo las leyes estadounidenses, una persona con antecedentes penales por delitos sexuales tiene absolutamente prohibido adoptar. Sin embargo, en el caso de Riley-Mitchell, esta restricción fue sorteada al recurrir a la subrogación.

La estrategia legal utilizada en estos casos suele implicar registrar al bebé como hijo biológico del “padre de intención”, aun cuando no haya vínculo genético alguno, lo que permite evadir cualquier revisión de idoneidad parental. Este procedimiento, aunque legalmente cuestionable, ha sido utilizado en distintos contextos para evitar las estrictas evaluaciones que implica una adopción formal.

En este caso específico, ni el historial criminal ni el riesgo potencial para el menor impidieron que el proceso se llevara a cabo. El bebé, ahora bajo la custodia de Riley-Mitchell y su esposo, aparece frecuentemente en sus publicaciones digitales, sin que haya claridad sobre las condiciones en que fue registrado ni el país donde se llevó a cabo la subrogación.

Diversas organizaciones han solicitado que se investigue el origen del proceso, así como la legalidad de los documentos de filiación del menor. El temor más grande, señalan, es que un niño haya sido entregado legalmente a una persona que, según registros públicos, ha cometido delitos sexuales contra menores.

Aunque los detalles específicos del procedimiento no han sido revelados, activistas advierten que este caso podría haberse facilitado en países donde la gestación subrogada se encuentra escasamente regulada. Algunos apuntan directamente a México como posible destino del proceso, debido a sus vacíos legales en la materia y al auge del llamado “turismo reproductivo”, que permite acceder a bebés a través de contratos privados con mujeres gestantes sin una supervisión real del Estado.

En este contexto, la historia de Riley-Mitchell representa más que un caso aislado: es una alerta urgente sobre cómo ciertas lagunas legales pueden poner en riesgo la integridad y seguridad de menores de edad frente a personas con antecedentes peligrosos. Mientras tanto, el niño continúa siendo mostrado en redes como un trofeo de paternidad, en un sistema que, una vez más, falló en proteger a quien más lo necesitaba.