Ciudad de México.- El Congreso del Estado de Veracruz aprobó la noche de este miércoles, con 40 votos a favor, el desafuero de dos alcaldes de Movimiento Ciudadano (MC). La oposición solo logró reunir ocho votos a favor de los ediles. Con la decisión, ambos exalcaldes quedan separados de sus cargos y podrán enfrentar los procesos penales que mantiene en su contra la Fiscalía General del Estado (FGE).

El primero es Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, señalado como presunto autor intelectual del homicidio de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, ocurrido el 2 de junio en Nanchital, al sur de Veracruz. Según la investigación de la Fiscalía, el edil habría solicitado a un integrante del grupo delictivo conocido como “Grupo Sombra” privar de la libertad a la comunicadora, luego de enterarse de que ella tendría una fotografía en la que él aparece portando un arma de fuego. Tras el desafuero, Juliana Ruiz Martínez, también de MC, asumirá la Presidencia Municipal del ayuntamiento.

El segundo es Bertín Bravo Montero, alcalde de Úrsulo Galván, investigado por el presunto delito de desaparición forzada en agravio del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y su escolta, Ignacio López Torres, hechos ocurridos el 14 de mayo. Su lugar será ocupado por su suplente, Jesús Rosado Guzmán.

El dictamen de declaración de procedencia fue respaldado por los votos de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. En contra votaron los legisladores de Movimiento Ciudadano, PAN, PRI y el diputado independiente Héctor Yunes Landa. No asistieron a la sesión Fernando Yunes Márquez, del PAN, y José Ricardo Ruiz Carmona, de Morena.

Antes de la votación, MC exigió cesar lo que calificó como “justicia selectiva y persecución política” en el estado. A través de un documento firmado por su coordinador nacional, Jorge Álvarez Máynez, el partido informó que solicitó a la CNDH medidas de protección ante lo que calificó como intromisiones y arbitrariedades del Gobierno estatal, aunque reiteró su postura de “cero tolerancia a la impunidad” y pidió respeto al debido proceso.

Cabe señalar que el desafuero no implica una declaración de culpabilidad: únicamente permite que las investigaciones continúen sin la protección del fuero constitucional; será la autoridad judicial la que determine la responsabilidad de cada uno.