Reynosa, Tamps. — Inspectores del Ayuntamiento de Reynosa realizaron supervisiones entre 2023 y 2024 en la Brecha El Becerro y detectaron predios con sellos de clausura de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), en el mismo corredor donde autoridades federales aseguraron recientemente una instalación utilizada para almacenar y procesar hidrocarburos de procedencia ilegal.

El alcalde Carlos Peña Ortiz confirmó estos antecedentes tras los operativos federales desplegados en 2026 en el municipio, los cuales derivaron en el decomiso de más de 7.3 millones de litros de hidrocarburo y la ubicación de una presunta mini refinería en dicha zona rural.

Denuncias vecinales y el hallazgo de sellos

De acuerdo con el edil, la intervención municipal en el corredor se originó años atrás a petición de vecinos que denunciaron la presencia de residuos peligrosos en sus propiedades.

” “Nos habían dicho que la vez que hicieron inspección en ese lugar a petición de los vecinos […] ese predio y otros estaban clausurados por ASEA, tenían los sellos”, indicó Peña Ortiz al detallar que el Ayuntamiento constató la existencia de múltiples instalaciones irregulares en el área.

Sin embargo, el mandatario municipal no precisó si en aquel momento se abrieron procedimientos administrativos adicionales, si se realizaron nuevas visitas de control o si los hallazgos ambientales fueron notificados formalmente a las instancias federales competentes para dar seguimiento al estatus de los predios.

Deslinde de competencias y señalamientos de “ataque político”

Ante los cuestionamientos sobre los permisos de construcción y la regulación de los inmuebles, Peña Ortiz se deslindó de la responsabilidad sobre las operaciones con hidrocarburos, argumentando que la ley prohíbe a los municipios intervenir en dichas materias:

” “En el tema de ecología podemos ayudar cuando hay instalaciones que tienen residuos peligrosos, pero en lo que tenga que ver con hidrocarburos la ley prohíbe a los municipios ingresar a hacer inspecciones porque no nos compete nada” sostuvo, al tiempo de añadir que los predios figuraban ante las autoridades federales con permisos para uso de pastizales y que no se registró un cambio oficial de uso de suelo.

El alcalde calificó las críticas y los cuestionamientos públicos en torno al caso como un “ataque político”, anunció que ejercerá su derecho de réplica y aseguró que existen actores interesados en desviar la atención de los verdaderos responsables.

A pesar del deslinde institucional, las declaraciones de la propia autoridad municipal dejan constancia de que el gobierno local tuvo conocimiento previo de anomalías ambientales en la misma zona que hoy indagan las autoridades federales, dejando abierta la incógnita sobre el seguimiento que se dio a los inmuebles clausurados entre el periodo de las inspecciones de 2023 y los aseguramientos de 2026.