Ciudad de México.- A pesar de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha sostenido ante la comunidad internacional que México cumplirá sus compromisos en materia ambiental, las metas asumidas por el País para combatir el cambio climático enfrentan riesgos, no solo por pandemia, sino por el manejo presupuestal del actual Gobierno.

Un estudio de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) refiere que, durante 2020 y 2021, el financiamiento climático “se vio afectado” porque el gasto público se priorizó para la atención de la emergencia sanitaria.

“ Se estima que, en 2020-2021, se materializaron riesgos que podrían obstaculizar el cumplimiento de los compromisos contraídos por el Estado mexicano en la Agenda Internacional de Cambio Climático (AICC), con mayores limitaciones presupuestarias por las posibles reasignaciones de gasto y nuevas prioridades surgidas de la pandemia, lo cual repercutirá en la disponibilidad de recursos públicos para alcanzar los objetivos”, refiere.

En su discurso público, el Jefe del Ejecutivo ha presumido que su Administración ha logrado manejar la pandemia de Covid-19 gracias a que cuenta con recursos suficientes, que provienen de la aplicación de medidas de austeridad y combate a la corrupción.

Sin embargo, el órgano fiscalizador advierte que el impacto de la emergencia sanitaria sí ha generado afectaciones.

“ Conforme avancen las medidas para disminuir los efectos de la pandemia, es necesario fortalecer los recursos fiscales del Gobierno Federal a fin de cumplir con los compromisos de la AICC, debido a que la acción climática procura y salvaguarda los derechos ambientales de la población y de las futuras generaciones”, señala.

De hecho, entre las cinco recomendaciones realizadas por la ASF, se encuentra la necesidad de reforzar los mecanismos de planeación y coordinación del Anexo Transversal de Cambio Climático (AT-CC), para hacer más eficiente y transparente el gasto público dirigido a la mitigación y a la adaptación al cambio.

“ Fortalecer la transparencia sobre el destino de los recursos del financiamiento climático; contar con mecanismos para reportar su ejecución de manera detallada; construir un sistema de Medición, Reporte y Verificación a nivel federal, así como garantizar que las acciones financiadas tengan un impacto social, ambiental y económico sustentable, además de que sean eficientes, integrales y equitativas”.