Ciudad de México.- El reciente homicidio de ambientalista Marco Antonio Arcos Fuentes, en Chilpancingo, Guerrero, revela un incremento alarmante de la violencia contra defensores de derechos humanos y del territorio en la entidad, y de la indefensión en que se encuentran comunidades indígenas y campesinas, alertó Raymundo Díaz Taboada, representante estatal del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI).

Alrededor de las 18:30 horas del pasado viernes 21 de mayo, Arcos Fuentes, comisario de Jaleaca de Catalán, se encontraba en una taquería cuando fue asesinado por hombres armados que ingresaron al establecimiento.

El activista era reconocido por denunciar la tala inmoderada de bosques por grupos delincuenciales, y de exigir la presencia del Ejército y la Guardia Nacional en el territorio de Jaleaca de Catalán, y en la sierra del Filo Mayor.

El domingo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un comunicado exigiendo a las autoridades el esclarecer el homicidio de Arcos Fuentes con el que “suman ya 66 defensores asesinados desde el año 2006 a la fecha”.

De acuerdo al informe anual de la Red de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), durante los primeros dos años de la administración de Andrés Manuel López Obrador, 45 defensores de derechos humanos han sido asesinados, siendo los estados más violentos Oaxaca, con once casos; Chiapas y Chihuahua con cinco en cada entidad, y Guerrero y Morelos, con cuatro víctimas en cada estado.

En entrevista, Díaz Taboada reconoció que, si bien Guerrero tiene “una larga historia de agresiones a personas que defienden su territorio”, ha habido un recrudecimiento de la violencia en las regiones campesinas de la sierra y en la Montaña indígena.

“ A principios de año surgieron denuncias de aquella zona de Coyuca de Catalán, donde en 2007 empezaron a registrarse desplazamientos forzados, y que en este año hubo enfrentamientos muy violentos, de los cuales hubo videos que se hicieron virales y que ameritaron que el gobierno federal tomara parte, porque había un grupo de mujeres y niños que se estaban escondiéndose en un centro de salud, y tuvieron que enviar un helicóptero del Ejército a rescatarlos”, recordó el coordinador del CCTI en la entidad.

Apuntó que otro caso grave se registró los primeros días de abril, en que fue asesinado de Carlos Márquez Oyorzábal, comisario del poblado Las Conchitas, perteneciente a municipio de San Miguel Totolapan, enclavado en la sierra. Esa muerte tuvo un componente particular, apuntó Díaz Taboada:

“ … Porque los perpetradores obligaron a la población a presenciar el descuartizamiento del defensor, quien antes de ser asesinado fue torturado, una situación que no se había visto; hace 10 a 15 años en la misma región, antes de que ser asesinado otro defensor de los bosques, Javier Torres (en 2011), lo que se registró fue una camioneta quemada, donde calcinaron a dos personas, pero ahora hacer público un crimen, obligando a la comunidad a verlo es más cruel, más violento”.

Díaz Taboada insistió en que en Guerrero se ha incrementado la violencia contra los defensores de derechos humanos y del territorio:

“ Sobre todo en las zonas de disputa de los bienes comunes: el agua, los bosques, los minerales, que siempre han estado en disputa en el estado, pero antes sólo afectaba a algunas familias y ahora los agresores se van en contra de comunidades indígenas y campesinas de la sierra completas”.

Destacó que las comunidades campesinas de la sierra, dedicadas tanto a la siembra de productos lícitos e ilícitos ante la indefensión en que se encuentran, ya están cercados por el crimen organizado y otros grupos que tratan de apropiarse de sus bienes:

“ Las comunidades indígenas que están en el abandono del Estado y el mercado nacional e internacional se encuentran cercadas por el crimen organizado y otros grupos de poder como los talamontes, los ganaderos y las mineras, que están tratando de apropiarse de los bienes de uso común, los recursos naturales; y en este mercado globalizado, la pelea es por el territorio que tiene madera, agua, minerales, es lo que está en disputa; las comunidades tienen como forma de defenderse la organización comunitaria, la defensa legal, la denuncia pública y en muchas ocasiones a través de los grupos de autodefensa, que lo que hacen oponer algunas armas a la enorme violencia que hay en la región”, señaló.

Así mismo, la violencia en la entidad ha provocado fuertes situaciones de carácter social:

“ Ha habido un desplazamiento masivo de población de la sierra desde hace cinco años; cuando antes era un desplazamiento hormiga, en la zona de Petatlán o Zihuatanejo, donde había familias que sufrían acoso de los ganaderos y talamontes; ahora tenemos desplazamientos masivos de comunidades enteras”, lamentó.

Apuntó que, ante esta grave situación, las comunidades afectadas se encuentran en la indefensión, pues la gente huye con lo que tiene y, si acaso, una despensa y colchonetas y de ahí, que se las arreglen como puedan, situación que ha sido invisibilizada en el último año ante la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus:

“ Se han quedado sin respuesta del Estado, el desplazamiento pasa por la denuncia, una despensa y una colchoneta y que la gente se arregle como pueda. A menos que sean grupos muy unidos y que se mueven al mismo tiempo, la gente se va disgregando, desgranando como mazorquita, pero empezando desde cero, abandonando casa, terreno, propiedades, animales: huyen con lo puesto, y con el trauma de haber vivido balaceras o, como sucedió con uno de los últimos casos, obligados a ver el descuartizamiento de uno de los asesinados”, concluyó Díaz Taboada.