Ciudad de México.- La Asociación de Internet MX alertó que la aprobación en fast-track del artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación por la Cámara de Diputados representa un riesgo para la privacidad y seguridad digital. Según el organismo, la medida permitirá al Servicio de Administración Tributaria (SAT) acceder de manera permanente y en tiempo real a las bases de datos de personas y empresas de plataformas digitales que operan en México, bajo el argumento de prevenir la evasión fiscal.

En un comunicado, la asociación pidió a los senadores revisar la medida, señalando que “en la práctica habilita un sistema de vigilancia masiva sobre las operaciones de las empresas y puede derivar en violaciones a la privacidad de millones de usuarios sin orden judicial ni límites claros”.

Explicaron que esta situación es comparable a que el SAT pudiera ingresar a los domicilios de los ciudadanos para verificar el cumplimiento fiscal sin causa probable, lo que consideran un acto autoritario. Además, destacaron que se exponen secretos industriales y que micro, pequeñas y medianas empresas podrían abandonar los ecosistemas digitales para evitar sanciones.

La organización advirtió que la medida pone en riesgo la información sensible de millones de usuarios, y que las sanciones por incumplimiento podrían significar la “muerte digital” temporal o permanente de las plataformas, bloqueando su acceso en todo el país y causando pérdidas económicas importantes.

Señalaron que la aprobación del artículo contraviene derechos humanos establecidos en la Constitución y acuerdos internacionales, incluyendo la inviolabilidad de las comunicaciones y la protección de datos personales.

La Asociación de Internet MX también alertó sobre riesgos de ciberseguridad, al emparejar sistemas gubernamentales con plataformas de alto tráfico, lo que podría ser aprovechado por ciberdelincuentes.

Finalmente, pidieron a los legisladores reflexionar sobre la importancia de proteger la privacidad de los ciudadanos y limitar la exposición de los usuarios a la intromisión del Estado o del crimen organizado, calificando la medida como una “llave maestra” que permitiría acceso indiscriminado a información privada bajo el pretexto del control fiscal.