Ciudad de México.- Durante el tercer conversatorio en el Senado de la República sobre la propuesta de reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, especialistas alertaron sobre los riesgos de ambigüedad legal en varios artículos del proyecto, en especial los relacionados con los servicios digitales y la publicidad extranjera.

Uno de los puntos más discutidos fue la falta de claridad en las definiciones y mecanismos planteados. David Pizaña Rito, vicepresidente de Comercio Electrónico de la Asociación de Internet MX, advirtió que analizar la reforma de manera aislada y fragmentada podría generar problemas a futuro. Señaló que algunos términos son demasiado vagos y que se plantean controles sin garantías claras, lo que dificultaría su correcta aplicación.

“ El texto incluye referencias a plataformas y servicios digitales sin un marco técnico o jurídico adecuado, lo que podría generar incertidumbre tanto para las autoridades como para los actores del ecosistema digital”, explicó.

En lo que respecta a la publicidad digital extranjera, el director general de IAB México, Gabriel Richaud Falcom, subrayó que estas campañas representan una fuente de inversión y crecimiento para el país, y alertó sobre el riesgo de adoptar medidas que puedan ser interpretadas como censura.

Destacó que en 2023, la inversión publicitaria en México superó los 112 mil millones de pesos, de los cuales el 60% se destinó a plataformas digitales. No obstante, esta cifra representa apenas el 0.5% del PIB nacional, por debajo de economías como Brasil, Reino Unido o Estados Unidos, donde el sector publicitario representa 1% o más del PIB.

Richaud recordó que la publicidad digital es de carácter global y que muchas marcas extranjeras operan legalmente en México, generando empleo y crecimiento. “Limitarla indiscriminadamente podría reducir inversión, afectar medios locales y restringir la pluralidad de contenidos, especialmente en plataformas gratuitas que dependen de la monetización”, explicó.

Desde el ámbito legislativo, Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, reconoció los avances logrados gracias a la presión de la oposición y la sociedad civil, especialmente la eliminación del controvertido artículo 109. Sin embargo, llamó a no bajar la guardia.

“ Este debate no ha terminado. El riesgo es que nos enfoquemos sólo en un artículo y se mantengan otros aspectos igualmente perjudiciales”, advirtió.

Los participantes coincidieron en la necesidad de construir una regulación clara, equilibrada y moderna, que brinde certeza jurídica y promueva tanto la innovación tecnológica como la protección del usuario, sin caer en medidas que limiten libertades o frenen el desarrollo económico en el entorno digital.