México.- La Cámara de Diputados alista un nuevo paquete de reformas en materia de justicia y seguridad para revertir el secuestro, la impunidad y atacar al brazo financiero del crimen organizado, temas que se prevé aprobar en el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia en febrero.

Diputados federales de PRI, PAN y PRD coincidieron en que los temas pendientes en la agenda legislativa son en particular las reformas a la Ley Federal de Extinción de Dominio y lo referente al delito de secuestro, con la finalidad de atender de manera urgente el reclamo de la sociedad.

El perredista César Flores Maldonado expuso que se deben concretar reformas en materia de sanciones a delitos menores, para frenar la saturación de los penales y tener recluidos a los verdaderos delincuentes y no a personas pobres e indígenas que por falta de apoyo se encuentran en cárceles.

Asimismo, se debe concretar la reforma para el manejo de sustancias peligrosas que son susceptibles de ser usadas por la delincuencia organizada para la elaboración de explosivos o drogas, agregó en entrevista el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En su oportunidad, el vocero del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Lázaro, Enrique Benítez Ojeda, afirmó que se buscará aprobar una ley especial que otorgue herramientas al gobierno para que combata el secuestro.

“Es un periodo corto, no podemos aspirar a que haya grandes novedades. Lo que la gente pide y reclama es que la apoyemos y demos respuestas en la parte de seguridad y justicia”, insistió.

Para la “ley antisecuestro”, continuó en entrevista, se debe aprovechar la facultad constitucional que ahora tiene el Congreso para legislar en la materia y otorgar “herramientas acordes a las exigencias de la sociedad”.

En entrevista por separado, el diputado Cristian Castaño Contreras, del PAN, confió en que en el siguiente periodo de sesiones los asuntos en materia económica, de justicia y seguridad serán prioritarios para el Congreso de la Unión.

“No habría ninguna traba en estas leyes, se aprobarán sin conflictos porque se han trabajado con mucha anticipación y son prioritarias para el país; entonces hay un consenso básico en lo general por los distintos grupos parlamentarios”, expuso.

En materia de justicia y seguridad, es necesario trabajar en especial en lo referente a la extinción de dominio, ya que son estrategias que sigue el gobierno para quitar elementos y sustento a las bandas del crimen organizado, aun cuando continúen las investigaciones previas por la comisión de delitos, agregó Castaño.

Adelantó que en la agenda legislativa de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) se dará prioridad a “la legislación en materia económica para proteger el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, las leyes que tiene que ver con inversión, protección y consolidación de la planta productiva del país”.

El perredista Andrés Lozano Lozano exhortó a los integrantes de todas las fracciones representadas en el Congreso de la Unión a que en enero se reanuden los procedimientos legislativos que concluyan con la expedición de leyes que se desprenden de la reforma constitucional en materia de justicia penal, realizada en 2007.

Subrayó que quedan pendientes las reformas a la Ley Federal de Extinción de Dominio, que permitirá retirar dinero y bienes producto de actividades ilegales a los responsables en delincuencia organizada, narcotráfico, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.

Asimismo, sancionar a terceras personas que les sirvan de prestanombres e incluso a sus herederos, siempre que las propiedades hayan sido adquiridas con recursos provenientes de actos ilícitos.

“Es necesario desmantelar el poderío económico y operativo de los criminales, así como los vínculos que han construido para desarrollar sus acciones ilegales, por lo que todas las fuerzas políticas tienen la obligación de dar respuesta al reclamo de seguridad que hace la sociedad”, asentó.

El legislador confió en que en las próximas semanas se dictaminen las iniciativas relacionadas con reformas a las leyes Orgánica de la Procuraduría General de la República, a la que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados y a la de la Policía Federal Preventiva, entre otras.