Cualquiera entendería los esfuerzos denodados de Alejandro Moreno para perpetuarse en la presidencia nacional del PRI. Es un dirigente sin escrúpulos capaz de cualquier cosa con tal de mantener vivas sus ambiciones personales. A “Alito”, como se hace llamar el exgobernador de Campeche, lo que menos le importa son los intereses de su partido o de la nación. Su obsesión es procurar un fuero político que le permita enfrentar las investigaciones abiertas en su contra por enriquecimiento ilícito, lavado, defraudación fiscal, tráfico de influencias y desvío de recursos públicos.

Por eso se entiende su última jugarreta: una reforma a los estatutos del PRI que le permitirá extender su permanencia al frente del CEN y operar todo el proceso de transición sexenal. A nadie sorprenden esas argucias. Lo que asombra es que sean avaladas por los órganos directivos de su partido.

Cuesta creer que 458 integrantes del Consejo Nacional del PRI le hayan aprobado su capricho personal por encima de la legalidad institucional. Sin argumentos políticos ni legales, los priistas simplemente le confieren una patente de corso.

El partido no tiene margen de error, está a punto de desaparecer, pero no puede con el lastre de su naturaleza —enjuagues, transas y negociaciones oscuras— y vuelve a caer en sus propios artificios.

No nos sorprendamos, pues, que los planteamientos de Morena y sus aliados —la visión obtusa de la 4T— sigan encontrando eco en los amplios grupos de la sociedad desencantados con esta “oposición”.

Moreno personifica a un priismo que nadie quiere de vuelta, pero ahí está resistiendo a morir, vivificado por sus dirigentes y consejeros.