Juan Mateo Brieba de Castro, juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, determinó que no está justificado el monto de la multa.

La sentencia ordena a Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, que deje sin efecto el auto dictado el 6 de enero, donde determinó procedente imponer la multa al responsable de los penales federales.

Brieba de Castro, señaló que el juez de control puede anular la multa y no dictar otra.

“ O bien, en caso de decidir imponer otra multa, deberá, atendiendo a las consideraciones de las inconsistencias destacadas en esta resolución, establecer los motivos y circunstancias inmediatas que tome en consideración para imponer la cantidad de unidades de medida y actualización que estime convenientes…”, menciona el fallo.

En el expediente se menciona que Hazael Ruiz señaló que la multa viola sus derechos tutelados por los artículos 1, 14, 16, 17 y 22 constitucionales, pues no tiene la certeza de que la cantidad impuesta sea la correcta por inconsistente.

El juez de amparo puntualizó que la imposición de la multa en la audiencia resulta carente de la debida fundamentación y motivación, porque no existe consistencia entre el apercibimiento decretado, la imposición de la multa en audiencia oral y su versión escrita.

“ Porque al apercibir al quejoso lo hace con trescientas unidades de medida y actualización, que según señala son equivalentes a 19 mil 244 pesos…Durante la continuación de la audiencia el juez le impone al quejoso como multa 19 mil 244 pesos sin precisar a cuantas unidades de medida equivale dicha cantidad, pues sólo refiere el valor nominal.

“ Y en la versión escrita donde ordena girar los oficios a la autoridad hacendaria para su efectividad señala que se impusieron 200 unidades de medida y actualización equivalentes a 19 mil 244 pesos lo cual discrepa respecto del apercibimiento con el que fue conminado el quejoso, porque cambia las unidades de medida, pero señala que el valor nominal sigue siendo el mismo”, detalló Brieba de Castro.

El 6 de enero de este año, el juez Gregorio Salazar ordenó a las autoridades penitenciarias presentar a Ovidio Guzmán para informarle sobre la existencia de una orden de detención provisional con fines de extradición presentada por el gobierno de Estados Unidos.

La diligencia estaba programada a las 11:00 horas, pero dio inicio hasta las 14:30 horas.

En su momento, funcionarios federales comentaron que el retraso fue porque las autoridades penitenciarias consideraron que no era posible que el hijo del capo Joaquín El Chapo Guzmán estuviera presente en la sala oral del Centro de Justicia por motivos de seguridad y que lo mejor era que compareciera por videoconferencia.

No obstante, Gregorio Salazar ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) iniciar una investigación contra Nora Angélica Balderrama, directora del penal de máxima seguridad del Altiplano, y contra Hazael Ruiz, por el retraso injustificado, y les impuso la multa de 19 mil 244 pesos a cada uno por negligencia.

Información por Milenio