La idea de obligar a realizar pruebas antidopaje a candidatos a un puesto de elección popular, alcaldes, gobernadores, diputados, etc., suena políticamente correcta, sin embargo ningún país en el mundo lo exige. ¿Por qué será?

Los países no llevan en sus constituciones ese tema porque conlleva a una invasión a la privacidad de la persona y a los derechos humanos que lo hace inconstitucional, porque además la medida en sí es acusatoria y contraviene a la presunción de inocencia y porque puede utilizarse como herramienta de censura o persecución política. Para ello cito al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice:

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

Casos que sí aplica el antidoping

Si es comprensible que exista antidopaje obligado para ciertas labores como los pilotos de avión, choferes de camión de pasajeros, policías que portan armas, etc. ya que en esos casos el riesgo es inmediato, que pudiera repercutir en vidas humanas afectadas de terceras personas, para esos casos la intrusión si se justifica.

También para los deportistas, que por ejemplo van a una competencia olímpica, porque el uso de una sustancia ilícita pudiera ayudarle a que gane la competencia con trampa, entonces ahí la obligación de exigirlo se justifica, para garantizar la justa competencia. Recordemos el caso de Lance Armstrong que había ganado innumerables títulos de ciclismo mundiales y posteriormente se comprobó que se sometía a un dopaje, luego el mismo lo admitió en entrevista. Todos sus títulos le fueron retirados. Y así hay muchos casos en el ámbito del deporte, ahora llevar a la cancha de la política ese tema se puede prestar a mucha controversia, que si el laboratorio era de un lado, que si lo hace una oficina de gobierno depende de que partido gobierne, etc. Nunca acabaríamos…

Caso Piedras Negras

El debate sobre este tema está en vilo debido al reciente caso del alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, del partido Morena. La crítica surgió por la forma en que el alcalde respondió a una reportera que le cuestionó si se sometería a un examen antidoping, lo cual hizo que el video se volviera viral.

Más tarde, sus opositores políticos, regidores del PRI, acudieron al laboratorio Zamarrón en Piedras Negras para realizarse una prueba antidoping de orina, “buscando poner el ejemplo”, según comentaron. Al día siguiente, el alcalde y todo su gabinete también accedieron a hacerse la misma prueba en esa misma cadena de laboratorios y todos salieron negativos.

Posteriormente algunos medios criticaron la validez de la prueba del alcalde, pero no cuestionaron en su momento la prueba del PRI, a pesar de que ellos ya habían utilizado ese mismo laboratorio con el mismo tipo de prueba. Por lo tanto, los regidores del tricolor, al usarlo primero, lo que hicieron fue avalar la veracidad de dicho laboratorio, lo que hace insostenible el argumento de que la prueba pudiera tener algún tipo de sesgo hacia el alcalde morenista.

Llevar el antidoping al ámbito político, creo no sólo sería una medida inconstitucional que violaría derechos fundamentales, sino que también abriría la puerta a la censura y la persecución política, vamos a decir que el gobierno en turno quisiera sacar de la contienda a un candidato o a un alcalde electo, gobernador, y le tiendan una trampa con una prueba toxicológica sesgada, o que le den alguna sustancia antes del examen para sacarlo de la contienda, es por ello que el costo puede resultar mayor al beneficio que se busca. 

La verdadera prueba para los gobernantes lo dirá su trabajo, y es el pueblo, quien deberá calificar su resultado como POSITIVO o NEGATIVO.

@CesarDavilaQuin