La Paz, Bolivia.- El vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, anunció hoy la aplicación de “fuertes sanciones” civiles y penales a las autoridades que se opongan a la realización del referendo revocatorio del próximo 10 de agosto.

En declaraciones a la prensa, el también jefe del Congreso de Bolivia dijo que el Legislativo “no descansará hasta sancionar a autoridades que desacaten la ley” por la que se convocó a la consulta popular.

Aseguró que el Congreso impulsará la aplicación de sanciones a las personas que infringen la ley, al oponerse a la realización del referendo que definirá la permanencia del presidente Evo Morales, de García Linera y de ocho de los nueve prefectos del país.

El funcionario, de esta forma, salió al frente de la decisión de la Corte Departamental Electoral (CDE) de Santa Cruz que anticipó la presentación de un recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley 3850, que convocó al referendo revocatorio.

García Linera invocó a las autoridades judiciales y electorales a acatar la Constitución del país y defender la democracia, al tiempo que las conminó a “dejar de lado sus intereses personales y políticos”.

Advirtió que, en caso contrario, “serán pasibles a sanciones. Serán enjuiciados con responsabilidad civil, por el daño económico al Estado y por delito penal”.

A juicio de García Linera, el daño económico que provocarán quienes incumplan la ley será de unos 69 millones de bolivianos (cerca de 10 millones de dólares).