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Aprueba Senado de Oklahoma controversial iniciativa migratoria

  Por Notimex

Publicado el viernes, 18 de marzo del 2011 a las 04:49


El Senado de Oklahoma aprobó una amplia iniciativa de ley antiinmigrante que va más allá de la controversial SB 1070.

Dallas, EU.- El Senado de Oklahoma aprobó una amplia iniciativa de ley antiinmigrante que va más allá de la controversial SB 1070 de Arizona, al autorizar a los policías detener y cuestionar a cualquier persona que sea sospechosa de ser inmigrante indocumentado.

La iniciativa SB 908, aprobada la noche del miércoles por 29 votos contra 15, concede a la sospecha de la autoridad, definida como “probable causa”, una razón justificada para la detención de la persona y su cuestionamiento.

Un agente de policía “puede, sin orden judicial, detener a una persona, cuando el oficial tiene causa probable para creer que la persona es un extranjero que está sujeto a una orden de detención o aviso de acción emitido por el Departamento de Seguridad Nacional”, precisa el texto de la propuesta legislativa.

Esto autorizaría a los policías de Oklahoma a detener sin que exista ninguna orden de arresto ni ningún otro motivo, a cualquier sospechoso de ser indocumentado, sólo por parecerle que el individuo pudiera estar sujeto a la remoción del país por carecer de papeles migratorios.

El proyecto de ley también autoriza a confiscar todos aquellos bienes utilizados para cometer delitos relacionados a la inmigración indocumentada, incluyendo vehículos en el que fueron transportados inmigrantes o casas donde fueron albergados.

La iniciativa es más extensa que la ya de por si controversial ley SB 1070 promulgada en Arizona el año pasado y rebasa también en sus alcances y consecuencias a otras propuestas antiinmigrantes que se están abriendo paso en órganos legislativos de Carolina del Sur y Georgia.

En tanto, Utah promulgó el pasado martes un paquete de cuatro leyes migratorias, una de las cuales ordena a los policías el intentar verificar el estatus migratorio de una persona que sea arrestada por algún delito, incluso los considerados menores.

La ley requiere que los agentes no utilicen la “presunción razonable” y se alejen de consideraciones de raza y color. Otra de las leyes promulgadas en esa entidad autoriza al estado otorgar permisos a indocumentados para trabajar y vivir en Utah durante dos años.

Este miércoles, el texto de la iniciativa en el Senado de Oklahoma provocó un prolongado debate que se extendió por horas y en el que los mismos senadores republicanos se dividieron con argumentaciones contrarias.

El republicano Clark Jolley interpuso sin éxito una enmienda que buscaba eliminar la parte de la legislación que autoriza el uso de la “causa probable” para detener a una persona por el solo hecho de que se sospeche que pudiera tratarse de un indocumentado.

Jolley sostuvo que el justificar la sospecha para proceder a una detención hace que la iniciativa contenga una “falla fatal” que la convierte posiblemente en anticonstitucional. Aun así, el senador voto a favor de la propuesta.

Sólo dos republicanos votaron en contra y un solo senador demócrata se manifestó a favor de la SB 908.

La aprobación de la iniciativa “envía un mensaje al pueblo de Oklahoma de que hemos escuchado sus preocupaciones y actuado en consecuencia”, dijo el senador estatal republicano Ralph Shortey, autor de la propuesta.

El proyecto de ley pasa ahora a la Cámara de Representantes, cuyos integrantes aprobaron ya la semana pasada una iniciativa que también da más autoridad a los policías para cuestionar a las personas sobre el estatus migratorio.

El texto de ambas legislaciones podría cambiar durante el proceso del Comité de Conferencia, conformado por senadores y representantes estatales para planchar las diferencias en las distintas iniciativas.

La iniciativa podría ser la única propuesta de ley relacionada a inmigración que sea enviada al gobernador para su promulgación o veto, al concluir la próxima semana el actual periodo legislativo en Oklahoma.

De ser promulgada, grupos defensores de los derechos civiles, amenazan con interponer demandas ante las cortes para frenar la entrada en vigor del estatuto, como ha ocurrido en el caso de la SB 1070, cuyas partes medulares aun no entran en vigor en espera de una decisión judicial.

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