Ciudad de México.- Una nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos fue aprobada por el Senado para que ningún funcionario público perciba un salario mayor al que recibe el Presidente de la República.

El nuevo ordenamiento prosperó con 90 votos en favor, 28 en contra y cero abstenciones de Morena, PT, PES, PVEM y PAN. Las bancadas del PRI, PRD MC votaron en contra tras sostener que no hay un claro indicador que permita, tal y como lo ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinar la fórmula del salario presidencial.

“ El clamor popular es que no más servidores públicos que se pongan el sueldo que quieran”, sentenció el senador morenista Alejandro Armenta. “Este dictamen no deja espacio a la discrecionalidad”, añadió.

Los senadores abrogaron la vieja Ley que había sido considerada como inconstitucional por la Suprema Corte y expidieron el nuevo ordenamiento que, sin embargo, fue cuestionado otra vez.

El coordinador del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, aseguró que respaldaban la austeridad republicana, pero sostuvo que las sentencias de la Corte debían acatarse y no para que “se les dé la vuelta con simulaciones jurídicas.”

En opinión del senador jarocho, el nuevo ordenamiento no cumple con el mandato de la Suprema Corte para definir con parámetros claros cómo establecer el salario del Presidente, por lo que abrirá la puerta a la discrecionalidad la política de las remuneraciones.

Por el PRI, Claudia Ruiz Massieu aseguró que la nueva Ley no lograba superar las consistencias de la que sustituía.

“ Se pretende solventar sin éxito la invalidez de la Corte con una cifra caprichosa y predeterminada arbitrariamente”, sostuvo.

En el mismo tono, el perredista Miguel Ángel Mancera explicó que los nuevos parámetros no tomaban en cuenta lo ordenado por la Suprema Corte.

El ex Jefe de Gobierno formuló un llamado para que se enmendaran en las reservas, puesto que existía el riesgo de que el máximo tribunal señale otra vez que son inconstitucionales.

Por el PAN, Damián Zepeda dijo que estaba de acuerdo en que se le pusiera un tope a los salarios públicos y se evitaran excesos, “pero debe quedar claro que uno viene a enriquecerse a la función pública”.

También dijo que no le parecía adecuado que un órgano autónomo se pusiera sus moños y dijera ‘a mí no me aplica’.