Ciudad de México.- En medio de críticas de la Oposición por no haber incluido exigencias de madres buscadoras, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma en materia de desapariciones forzadas propuesta por el Ejecutivo federal que crea la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos y una Plataforma Única de Identidad.

Las modificaciones avaladas en fast track a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y a la Ley General de Población, establece que ahora la CURP se integrará obligatoriamente de huellas dactilares y fotografía y será el documento nacional de identificación obligatoria.

La bancada del PRI votó en contra de los cambios a ambas leyes, mientras que el PAN votó a favor de la primera y la segunda en contra y Movimiento Ciudadano se abstuvo.

De acuerdo con la reforma, la CURP integrará la Plataforma Única de Identidad que será la fuente primaria y en tiempo real en materia de desapariciones forzadas y se interconectará con registros como el Banco Nacional de Datos Forenses y administrativos, pero también con cualquier sistema de información de particulares que presten servicios financieros, de transporte, de salud física y mental, de telecomunicaciones, educación, paquetería e incluso religiosos, entre otros.

Además, crea la Base de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas no Localizadas que será operada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y deberá ser actualizada en tiempo real por las Fiscalías Especializadas.

Agrega que toda autoridad y particular de cualquier naturaleza que tenga a su cargo datos biométricos o identificativos de personas, deberá permitir a las Fiscalías, la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional y las policías a la Comisión Nacional de Búsqueda y a sus pares locales la consulta inmediata de la información referente a las personas desaparecidas para su búsqueda.

Durante el debate, la Oposición calificó la reforma como un engaño, porque con el pretexto de la búsqueda de personas y sólo con la CURP, instituciones como las fiscalías, corporaciones de seguridad o la Guardia Nacional tendrán acceso a la geolocalización de las personas en tiempo real, a información sobre qué compran, sus telecomunicaciones, si tienen algún padecimiento, su tipo de sangre e incluso la religión que profesan.

Todo esto, agregaron, sin mecanismos de control para evitar que funcionarios corruptos o coludidos con el crimen organizado usen de manera indebida los datos o para impedir que éstos sean hackeados, como ya ha ocurrido.

La emecista Patricia Flores afirmó que la reforma no alcanza. Como ejemplo, indicó que con ella se quiere hacer de la CURP con datos biométricos el único documento oficial, que puede resultar peligroso porque no se consideran mecanismos que impidan su filtración, su mal uso o venta.

“Todo el poder se lo quieren dar al Gobierno federal, toda la información, toda la operación, absolutamente todo, pero no crean ningún mecanismo de vigilancia, ni una sola forma de rendir cuentas, Nuevamente, un México donde el poder lo quiere vigilar todo, pero nadie puede vigilar el poder. ¿Y si esa autoridad que ahora lo controla todo es la misma que encubre, que calla y que esconde? El Estado no puede ser juez y parte”, indicó.

Flores dijo que tampoco basta con crear una Base de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas no Localizadas para acumular expedientes y criticó que la reforma no considere recursos para tecnología y personal, por lo que corre el riesgo de quedar como letra muerta en un país en donde 42 personas desaparecen todos los días.

La panista María Angélica Granados acusó a la mayoría de impulsar una estructura de vigilancia masiva al estilo del “gran hermano” bajo el disfraz de la búsqueda de personas.

Recordó que esa es la razón por la que más de 100 colectivos y 200 familias de buscadoras han rechazado la propuesta presidencial, ya que tiene riesgos de abuso, filtración y revictimización.

“Un gran hermano biométrico centralizado y operado por el Ministerio Público, sin intervención de jueces, sin contrapesos, sin protección de datos personales (…) Hoy no estamos votando una política pública, estamos votando un dispositivo de total control. Esta reforma, que dice buscar a las personas desaparecidas, en realidad desaparece las garantías de quien en realidad las buscan, no protege a las víctimas, no combate la impunidad, la institucionaliza”, afirmó.

La legisladora insistió en que esta es una reforma incompleta porque no considera el acompañamiento de madres buscadoras en las investigaciones, ni apoyos para ellas y tampoco plantea que sus hallazgos formen parte de las carpetas de investigación, a pesar de que son ellas las que, con pico y pala, dan esperanza a quienes siguen buscando.

La morenista Irma Juan Carlos afirmó que la reforma fortalece y dota de mejores herramientas a las instituciones y a las personas buscadoras, además de que representa un paso fundamental en la reivindicación de la justicia social en el país.

Aunque algunos colectivos rechazaron la reforma, la oaxaqueña afirmó que ésta no es una enmienda legislativa, sino fruto del diálogo entre autoridades, víctimas y personas buscadoras para enfrentar uno de los flagelos que, reconoció, desde el año 2000 se incrementó de forma abismal.

“No nos hacemos los ciegos, como antes, al dolor y desesperación de las madres, padres, hijos y hermanos de las personas desaparecidas que exigen al Gobierno una búsqueda que dé con sus familiares”, afirmó.

Juan Carlos aseguró que las modificaciones se apegan a los estándares internacionales y da cumplimiento a los compromisos asumidos por México ante la comunidad de naciones.