Saltillo, Coah.-  El Congreso de Coahuila aprobó por unanimidad la Ley 3 de 3, mediante la cual se prohíbe que deudores alimentarios, agresores sexuales o quien hayan ejercido violencia familiar pueda acceder a un cargo de elección popular o un empleo en el servicio público.

Con 24 votos a favor los diputados locales, respaldaron la minuta enviada por el Senado de la República, a través de la cual se reforman y adicionan los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con esta aprobación, Coahuila se convierte en el décimo estado de la República que aprueba esta reforma constitucional. Se requiere la aprobación de al menos 17 estados para que la reforma sea válida. 

Al respecto, la diputada del Partido Revolucionario Institucional, Luz Elena Guadalupe Morales, manifestó que este es un gran logro en la lucha de los derechos de las mujeres.

“

Es sin duda un logro, tanto de colectivas como de las mujeres de México, el que ahorita los congresos se estén pronunciando en favor de la 3 de 3 para que sea una realidad”, aseguró.

Yunuen Castillo, representante del colectivo Furia Coahuila, aseguró que este es un hecho histórico, ya que desde el 2017 los colectivos feministas pretendía que se legislara en este tema.

“

Que las personas que están en estos cargos tan importantes sean personas dignas, honestas y que realmente tengan un interés genuino y esta vocación de servir, ayudar y contribuir a la construcción de un mejor México para todos y todas”, aseguró Yunuen.

La reforma detalla que para que una persona pueda acceder a un cargo de elección popular o un empleo en el servicio público en los tres órdenes de Gobierno, se requiere entre otras cosas no encontrarse con inhabilitación por sentencia firme y vigente por delitos de violencia familiar.

Asimismo, que este no tenga delitos contra la intimidad o la imagen personal, violencia laboral, violencia política de género, acoso laboral, abuso sexual, hostigamiento sexual, estupro, violación o feminicidio.

Además de no tener resolución judicial firme y vigente, en materias penal o familiar, por incumplimiento de obligaciones alimentarias.

La Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia indicó en el dictamen de esta reforma, que es evidente que se atienda a la discriminación y violencia histórica de las que las mujeres han sido víctimas, pues más del 70% de las mexicanas de 10 años o más, han sufrido al menos un episodio de violencia en su vida.

A la sesión acudieron integrantes de colectivos feministas, funcionarias públicas y activistas que a una sola voz celebraron la aprobación de esta reforma.