Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional desplegaron un operativo en Torreón, Coahuila, y Gómez Palacio, Durango, para cumplimentar al menos ocho órdenes de aprehensión por el caso Segalmex.

El despliegue, realizado la madrugada del jueves, habría alcanzado residencias de Ernesto “Güino” Herrera Reza, sobrino y colaborador de Leticia Herrera Ale, alcaldesa priista de Gómez Palacio y copropietaria de la empresa láctea Chilchota.

Sin embargo no se logró cumplimentársele la orden de captura por la causa penal 111/2023 que hay en su contra.

Entre las detenciones que sí se concretaron está la del empresario lagunero Juan Carlos Burillo González, que forma parte del equipo de Herrera Reza.

A Herrera Reza y otras siete personas se les acusa de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

Las órdenes de aprehensión fueron emitidas por Gregorio Salazar Hernández, juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez.

Los elementos federales habrían también asegurado armas, efectivo y drogas en una de las residencias en las que realizaron cateos en fraccionamientos como El Campestre, de Gómez Palacio. 

La Alcaldesa de Gómez Palacio, que ocupa este cargo por tercera ocasión, nombró el año pasado, al iniciar su Administración, a “Güino” como su coordinador general de Gabinete, puesto en que seguía esta semana.

Herrera Reza habría sido inicialmente investigado por negociaciones ilícitas con directivos de Segalmex en su carácter de propietario de la empresa Comercializadora de Productos Lácteos de La Laguna (Coprolac). 

Entre los exdirectivos con los que “Güino” negoció estaría Jesús Navarro, extitular de Administración y Finanzas de Segalmex, detenido el martes pasado por cargos como lavado de dinero y delincuencia organizada.

El operativo de la FGR y la Guardia Nacional inició a partir de las 2:30 horas del jueves sin que se solicitara la colaboración de las fiscalías generales de Coahuila y Durango, estados gobernados por los priistas Miguel Ángel Riquelme y Esteban Villegas, respectivamente.