Monclova, Coah.- Pablo González González, ex alcalde de Monclova, aún no toma protesta como diputado local y ya sufre los embates del PAN, que desde ahora pide revisar las cuentas del Impuesto Predial en el período de enero-septiembre del presente año, ya que en un principio se informó de una recaudación de 20.5 millones de pesos y ahora se da a conocer que sumaron 13.9 millones.

La fracción del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado en la sesión del próximo lunes pedirá a la Auditoría Superior del Estado un análisis detallado de los ingresos por ese impuesto.

César Flores Sosa señaló que pedirán la intervención de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública para que se coordine con la ASE y que el órgano fiscalizador rinda un informe detallado sobre lo recaudado vía predial para aclarar la diferenciación de las cifras. De igual manera, pedirán investigar la compra de despensas que el DIF-Municipal hacía con familiares del ex alcalde.

“Siguen apareciendo irregularidades cometidas durante la gestión de Pablo González como alcalde. En un informe solicitado al Instituto Coahuilense de Catastro y la Información Territorial pudimos apreciar que las finanzas municipales, a pesar de los equipos informáticos y los contadores profesionales contratados, cometen supuestos errores contables, pero además son errores muy notables y de varios millones de pesos”.

“En este caso nos referimos a la recaudación del Impuesto Predial durante el 2008; inicialmente se nos dijo que el total recabado de enero a septiembre era de 20 millones 516 mil pesos, posteriormente la cifra fue modificada de modo sospechoso por las autoridades municipales, aduciendo que en realidad habían sido 13 millones 992 mil pesos”.

La explicación sobre las cifras diferenciadas se redujo a “un error”, señaló el diputado, por lo que ahora desde el Congreso del Estado pedirán la intervención directa de la Auditoría Superior del Estado para que revise los ingresos del impuesto predial.

Los panistas también pedirán investigar la compra de despensas a familiares de Pablo González y que eran distribuidas por medio del DIF-Municipal y la Dirección de Desarrollo Municipal.

Con un costo de 300 mil pesos mensuales, la empresa “Comercializadora del Rey”, propiedad de Reynaldo Torres, esposo de la hermana de la ex presidenta del DIF-Municipal, surtía los paquetes de alimentos al Ayuntamiento, en violación a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales de Coahuila, explicó Flores Sosa.

“El Congreso, la ASE y la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, tienen la oportunidad de demostrar que no existe impunidad en Coahuila, que el Gobierno del Estado no protege a nadie y que creen en la ley”.