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| Ambulancias en el ISSSTE. Irregularidades de Casanova Vallejo. Foto: Armando Monroy / Cuartoscuro

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Arrendadora de ambulancias le falla al ISSSTE y la premian con más contratos

  Por Proceso

Publicado el domingo, 3 de diciembre del 2023 a las 09:28


Los vehículos de la empresa Casanova Vallejo acumulan reportes de descomposturas y fallas en todo el país

Ciudad de Mexico.- Por segunda ocasión en menos de un año la Secretaría de la Función Pública (SPF) inhabilitó a la empresa Casanova Vallejo, propiedad de los hermanos Carlos y Joaquín Echenique Casanova.

El grupo empresarial, que aglutina varias compañías dedicadas a la venta y arrendamiento de vehículos, viene de una serie de incumplimientos de contratos, fallas mecánicas e irregularidades administrativas que, sin embargo, no le han impedido obtener millonarios contratos.

El 24 de noviembre último en el Diario Oficial de la Federación se publicó la circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la administración pública federal, a las empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México que deben abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la moral Casanova Vallejo, SA de CV.

La sanción administrativa, que le impide a la arrendadora participar en contrataciones públicas por 30 meses, se deriva de la resolución de 17 de noviembre de 2023, dictada en el expediente administrativo de sanción a licitantes, proveedores y contratistas PA023/2023 del Órgano Interno de Control (OIC) en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El proceso viene desde 2022 y se relaciona con el convenio CS.DNAF-SRMS-024/2022 mediante el cual el ISSSTE arrendó a Casanova Vallejo un total de 545 ambulancias para la primera mitad de 2022, por un monto de 113 millones de pesos.

Historial de inhabilitaciones

La atención sobre la firma se inició hace un año a partir del incendio de una ambulancia del ISSSTE. La tarde del 18 de diciembre de 2022 el vehículo se quemó en el cruce de avenida Revolución y el Eje 4 Sur, en la Ciudad de México, causando caos vial y la movilización de equipos de emergencia.

El vehículo tenía siglas del ISSSTE y las fallas que detonaron la conflagración hicieron que el organismo informara que la unidad era arrendada precisamente a Casanova Vallejo que, para entonces, acumulaba reportes de descomposturas y fallas en todo el país llegando al extremo de impedir el traslado de pacientes o la atención de emergencias.

De fondo, el mencionado grupo empresarial incurrió en una serie de incumplimientos que explican que las unidades estuvieran en mal estado; entre las más destacadas, que no hubiera entregado unidades con antigüedad menores de cinco años, no haber reemplazados vehículos que superaran los 300 mil kilómetros, entre otras irregularidades no relacionadas con la integridad de las unidades, como el hecho de no haberlas emplacado y, principalmente, por haber realizado el contrato a sobreprecio.

Así que antes del incendio, en septiembre de 2022 la SFP había emitido una inhabilitación por 45 meses para Casanova Vallejo por la renta de ambulancias con sobreprecio al ISSSTE.

No obstante, según lo dio a conocer la propia SFP, la empresa interpuso un recurso de revisión ante el OIC del ISSSTE, en el que se le negó la suspensión; posteriormente se desistió del recurso y recurrió a otra instancia, al interponer un juicio de amparo en el Poder Judicial.

El 11 de noviembre de 2022 se difundió en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que el juez octavo de distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México otorgó la suspensión definitiva como resultado del amparo indirecto promovido por la empresa, cuyo efecto –apuntó la dependencia– era que no apareciera en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, pero no resolvía el fondo del asunto.

Luego se conoció que el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México le negó de manera definitiva la suspensión solicitada a la sociedad mercantil Casanova Vallejo, SA de CV, derivado de la resolución del Amparo en Revisión 546/2022, en el cual se determinó modificar la resolución del 25 de octubre de 2022, emitida por el juez octavo de distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto 1707/2022-VII.

En un primer periodo la inhabilitación y multa que se le impuso corrió del 19 de septiembre al 11 de noviembre de 2022 y se interrumpió por efectos de la suspensión definitiva del 12 de noviembre de 2022 al 6 de junio de 2023, fecha en la cual el tribunal colegiado resolvió modificar y negar la suspensión, por lo tanto, la inhabilitación continuó vigente a partir del 7 de junio de este 2023.

Y sin embargo… más adjudicaciones

Durante los meses en que Casanova Vallejo consiguió suspender –por vía de amparo– la inhabilitación de la SFP, se hizo de jugosos contratos con el gobierno federal.

En los siete meses en el que la sanción administrativa estuvo en suspenso mientras el juez de amparo resolvía el fondo, la empresa consiguió 46 contratos por un monto de 139.2 millones de pesos, de los cuales 39 millones fueron obtenidos vía adjudicación directa.

El asunto fue informado por Proceso Digital el 24 de julio último, cuando la SFP obtuvo la razón del tribunal colegiado que dejó sin efectos el amparo.

Sin embargo, la empresa se mantuvo litigando hasta que finalmente agotó todas las instancias y la SFP, a cargo de Roberto Salcedo Aquino, publicó la mencionada sanción en el Diario Oficial de la Federación.

Grupo Casanova engloba a las empresas Casanova Rent Volks, Casanova Chapultepec, Casanova Vallejo, Casanova Rent, Proveedora de Refacciones para Automóviles, Consulta Conjunta y Jocarma, de acuerdo con su portal de internet, sociedades con las que compite a escala nacional.

Adicionalmente Joaquín Echenique y su hermana María Elena Echenique comparten acciones en la sociedad Leasing Volks Group, SAPI de CV, y en Pick Uplandia, SA de CV, tanto Joaquín Echenique como Carlos Echenique Casanova son tenedores de acciones.

El grupo lleva 47 años operando en el mercado y al menos desde 2010 ha obtenido unos 639 contratos con la administración pública federal, por 12 mil 781 millones de pesos.

 

 

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