Guadalajara, Jalisco.– Autoridades tradicionales de la comunidad wixárika-tepehuana de San Lorenzo Azqueltan, en Villa Guerrero, utilizaron el foro de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara para denunciar el estado de indefensión que viven, acusando a la Fiscalía de Jalisco y al Poder Judicial de proteger a sus agresores.

El punto culminante de la violencia es el homicidio de su líder agrario, Marcos Aguilar Rosas, y las lesiones por arma de fuego contra su hermano Gabriel, perpetrados por un grupo armado el pasado 26 de noviembre en el predio comunal “El Caracol”.

Homicidio Premeditado y Despojo Territorial

Mario González de la Cruz y Ramiro Reyes Márquez, representantes de la comunidad, afirmaron ante medios nacionales e internacionales que el asesinato de Aguilar Rosas fue premeditado. Sostienen que el crimen busca “exterminar su organización comunal” para apropiarse de miles de hectáreas.

El conflicto territorial se intensificó desde 2015, cuando los comuneros iniciaron la solicitud de titulación de sus tierras ancestrales, basadas en un título virreinal de 1733. Aunque el reclamo ante el Tribunal Agrario es de 39,000 hectáreas (de las 94,400 hectáreas originales), la respuesta de supuestos pequeños propietarios ha sido la violencia, invasiones y agresiones paramilitares.

Testigos señalan directamente a los hermanos Esteban, Manuel y José Aguilar Herrera, y a Víctor Hugo Pérez, como los presuntos autores del ataque del 26 de noviembre. La comunidad denuncia que la impunidad de los agresores está garantizada por operadores judiciales y funcionarios que “bloquean investigaciones y encubren crímenes”.

Jalisco, Foco Rojo: 27% de Homicidios de Defensores en el País

La rueda de prensa sirvió para visibilizar que Jalisco se ha convertido en un epicentro de violencia contra activistas. Según datos del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC), en el último año de gestión del gobernador emecista Pablo Lemus (desde noviembre de 2024 a la fecha), diez personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas en el estado, cinco mujeres y cinco hombres.

Esto representa cerca del 27% de los homicidios contra activistas registrados en todo México en el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum.

” En Jalisco estamos viviendo patrones de violación contra la labor del derecho a defender derechos humanos, que no se habían presentado de manera tan acelerada y violenta en las últimas décadas”, señaló María González, del IMDEC.

De los diez crímenes en Jalisco, seis víctimas eran defensoras de la tierra y el territorio, tres eran madres y padres buscadores, y una defensora de la diversidad. En todos los casos, la impunidad prevalece.

La lista de víctimas incluye a:

– Teresa González Murillo, María del Carmen Morales y Jaime Daniel Rámirez: Tres madres y un padre buscador asesinados en abril, poco después del descubrimiento de un campo de entrenamiento de sicarios del CJNG en Teuchitlán.

– Marcos Aguilar Rosas y Cándido Essaú Román Pérez: Defensores del territorio asesinados en noviembre.

– Defensores Ambientales y de la Diversidad: Incluyendo a Abraham Alejandro Gobel, Karina Rúiz Ocampo, Judith Alvarado Rodríguez y Katia Daniela Medina Rafael.