Ciudad de México.– El asesinato de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, fue una venganza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por la confrontación que sostuvo con esa organización, confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán a un año del crimen.

Israel Vega Rodríguez, encargado del despacho de la FGE y vicefiscal de Inteligencia, aseguró que no hay indicios de que el homicidio tenga relación con la actividad política del Edil independiente. Las evidencias, dijo, apuntan a su confrontación directa con la estructura del cártel en la región.

Según la carpeta, la represalia se originó con la captura, el 27 de agosto de 2025, de René Belmontes Aguilar, “El Rhino” o “El Chamuco”, jefe de plaza del CJNG en Uruapan. Manzo lo exhibió e insultó en una transmisión en vivo en Facebook, que borró minutos después.

La FGE contabiliza 34 detenidos, entre ellos el presunto autor intelectual y el responsable de planear y ordenar la ejecución. Al menos 29 ya están vinculados a proceso.

La investigación registra un avance de 90 por ciento. Suma 3 mil 500 actos de investigación, el análisis de mil 200 horas de video, 120 audiencias, 3 mil actuaciones periciales y 72 extracciones de información.

Para concluir la parte que corresponde al fuero común faltan dos diligencias. La primera es cumplimentar la orden de aprehensión contra el Coronel José Manuel Jiménez Miranda, ex jefe de escoltas de Manzo, quien escapó del operativo en el que fueron capturados siete de sus guardaespaldas. La segunda es obtener los dos teléfonos celulares del ex Alcalde, que permanecen en poder de su viuda y sucesora, Grecia Quiroz García.

La FGE ubica como autor intelectual a Ramón Ángel Álvarez Ayala, “El R-1”, líder de “Los Rs”, una de las principales células del CJNG en Michoacán. Fue capturado el 30 de julio en Atotonilco el Alto, Jalisco, por la SSPC, Fuerzas Especiales del Ejército y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Su segundo, Jorge Armando Gómez Sánchez, “El Licenciado” o “El Contador”, fue detenido en Morelia el 19 de noviembre de 2025. Se le señala de coordinar paso a paso el ataque y permanece en el penal del Altiplano. Según la Fiscalía, el CJNG ofreció 2 millones de pesos por el homicidio.

El tirador, Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años y originario de Paracho, fue abatido en el lugar por la escolta del Alcalde.

La FGE también ubica a “El Brilloso”, hermano del ex boxeador conocido como “El Vikingo”, reclutado por el cártel para operar la extorsión a productores de aguacate. Se le acusa de filtrar información sobre la seguridad de Manzo, de quien presumía ser amigo.

La investigación ha alcanzado al entorno del propio Edil. El 21 de noviembre de 2025 fueron detenidos siete escoltas, todos vinculados a proceso.

También fue detenido Samuel García Rivero, ex director de Protocolo del Ayuntamiento. Se le señala de filtrar la agenda y los movimientos del Alcalde a la célula del CJNG que ejecutó el ataque en pleno Festival de Velas.

El jueves pasado, la FGE y la Secretaría de Seguridad estatal detuvieron por encubrimiento a Rosa Alejandra Vargas, secretaria de Bienestar de Uruapan. Según la Fiscalía, es madre de uno de los escoltas detenidos y tía de dos presuntos integrantes de la célula. Previamente no había atendido tres citatorios para declarar.

El pendiente más polémico son los teléfonos de Manzo.

En junio, el entonces fiscal Carlos Torres Piña, hoy con licencia, calificó su entrega como irrelevante para la investigación. Dos meses después, la FGE los pidió por tercera vez a Quiroz.

La Alcaldesa respondió entonces que las acusaciones en su contra son una campaña política: “Pensaron que asesinando a Carlos Manzo terminarían con su lucha”.

A finales de septiembre, Vega anunció un cuarto requerimiento con medidas de apremio. Advirtió que Quiroz podría hacerse acreedora a un arresto administrativo.

Explicó que los equipos son indispensables para peritajes forenses, entre ellos verificar si hubo alteraciones en la cuenta de WhatsApp del ex Edil.

El Gobernador, el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, consideró imprudente detenerla por su calidad de víctima indirecta, aunque le pidió entregar los aparatos para despejar dudas.

Quiroz sostiene que los celulares no estaban con Manzo al momento del ataque, sino que se los entregó Esteban Constantino, secretario de Obras Públicas de Uruapan. Afirma que Torres Piña y Juan Manzo los revisaron frente a ella en los días posteriores al crimen y que los entregará a la FGR si atrae el caso.

El 7 de octubre, en la Cámara de Diputados, aseguró que el Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, le dijo que no tenía por qué entregarlos porque la Federación ya tenía la información que necesitaba.

Juan Daniel Manzo, hermano del Alcalde y subsecretario de Gobierno en la Administración de Ramírez Bedolla, acusa a Quiroz y al Movimiento del Sombrero de obstruir las indagatorias. Sostiene que uno de los teléfonos estuvo en la escena del crimen y que, por indicaciones de la viuda, despojaron el cuerpo de su hermano para obtenerlo.

Él y Yesenia Méndez, ex secretaria particular de Manzo, afirman que Quiroz pidió al jefe de escoltas tomar los teléfonos tras el ataque. Méndez declaró además que García Rivero, despedido semanas antes del crimen, fue recontratado por Quiroz después del homicidio.

Con base en esos dichos, la FGE abrió diligencias en agosto para determinar si hubo una relación relevante entre la Alcaldesa y el detenido.

Juan Manzo también ha acusado que el caso se volvió mercancía electoral rumbo a 2027. Según su versión, el equipo de su hermano lo hizo regresar al punto del ataque cuando ya se retiraba, para tomarse fotografías.

El 21 de septiembre, el regidor Víctor Hugo de la Cruz Saucedo, herido en el atentado, denunció a Juan Manzo ante la FEMDO por delincuencia organizada. Se basó en videos de 2015 en los que, acusó, el funcionario aparece orquestando un atentado contra un candidato en Uruapan.

El subsecretario respondió en redes que la denuncia busca desviar la atención y llamó al grupo de su cuñada el “Cartel del Sombrero”. Quiroz, a su vez, sostuvo esta semana que quien tiene vínculos con “personas malas” es su cuñado.

Ambos bandos han pedido que la FGR atraiga el caso. Vega Rodríguez precisó que la competencia sigue siendo estatal, aunque hay apertura si la instancia federal decide asumirlo.