Ciudad de México.– El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dio a conocer el funcionamiento de una presunta red de contrabando de combustible que beneficiaba al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y sancionó a dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas presuntamente involucradas en estas operaciones.

Según el informe, esta actividad se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos del crimen organizado fuera del narcotráfico, mediante esquemas de robo de hidrocarburos, contrabando transfronterizo y evasión fiscal.

¿Cómo operaba la red de combustible del CJNG?

La investigación detalla que los cárteles mexicanos compraban combustible en Estados Unidos a través de intermediarios mexicanos que contaban con permisos para comercializar combustible, pero no para importarlo.

Posteriormente, comerciantes estadounidenses presuntamente cómplices adquirían el producto en terminales de exportación y lo desviaban hacia una red de empresas fachada y compañías fantasma controladas por organizaciones criminales.

El combustible ingresaba a México mediante camiones cisterna, vagones de ferrocarril e incluso embarcaciones, utilizando documentación aduanera falsa o diferentes mecanismos para evitar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Una vez en territorio mexicano, el hidrocarburo era almacenado en depósitos controlados por los grupos criminales y posteriormente distribuido a través de gasolineras vinculadas al crimen organizado y estaciones de servicio clandestinas, respaldando las operaciones con facturas falsas para aparentar legalidad.

El informe señala que entre una cuarta parte y un tercio del combustible vendido en México podría tener un origen ilícito, de acuerdo con estimaciones del sector energético.

Óscar Guillermo Juraidini Silva: el presunto operador financiero que diseñaba la red del combustible ilícito

Entre los sancionados aparece Óscar Guillermo Juraidini Silva (Juraidini), identificado por el Departamento del Tesoro como una figura clave dentro del esquema financiero que presuntamente favorecía al CJNG.

Las autoridades estadounidenses lo describen como contador y operador financiero, responsable de crear empresas fachada, constituir compañías fantasma y elaborar documentación aduanera falsa para facilitar el traslado ilegal de combustible entre Estados Unidos y México.

Según la investigación, Juraidini importaba combustible con clasificaciones falsas para evitar el pago del IEPS, mientras sus clientes —principalmente empresas gasolineras— comercializaban el producto en estaciones de servicio.

El Tesoro sostiene que estas operaciones generaban decenas de millones de dólares al año, recursos que terminaban beneficiando financieramente al CJNG.

Además, señala que controla seis empresas en México, dedicadas a los sectores de transporte, servicios financieros e inmobiliario, así como una compañía registrada en el Reino Unido.

J. Refugio Ruiz Villagómez: el presunto encargado de introducir combustible de contrabando a México

El segundo operador identificado es J. Refugio Ruiz Villagómez, quien, de acuerdo con la investigación, participaba en el ingreso de combustible de contrabando desde Estados Unidos mediante las empresas Jomadi Logistics & Cargo, S.A. de C.V. y Ahavat Logistics Solution, S.A. de C.V.

El Departamento del Tesoro sostiene que Ruiz Villagómez habría importado combustible sin los permisos correspondientes y presuntamente pagaba sobornos a organizaciones criminales que controlaban diversos cruces fronterizos entre ambos países.

Asimismo, cita investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), las cuales identifican a Jomadi como una empresa de importación y exportación presuntamente vinculada con actividades relacionadas con el narcotráfico.

La investigación añade que Jomadi y Ahavat realizaron operaciones por decenas de millones de dólares dentro del sistema financiero estadounidense con terceros presuntamente ligados al CJNG.

Denuncian que el narco financiaría campañas políticas y medios de comunicación

El informe también sostiene que las ganancias obtenidas por el robo y contrabando de combustible no solo serían utilizadas para financiar las operaciones del narcotráfico.

Según el Departamento del Tesoro, parte de estos recursos presuntamente se destinan a campañas políticas y medios de comunicación mexicanos, con el objetivo de favorecer la llegada de funcionarios que posteriormente protejan los intereses de los grupos criminales.

“Los cárteles utilizan cada vez más estas ganancias ilícitas para realizar pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación mexicanos, con el fin de ayudar a elegir a políticos mexicanos corruptos dispuestos a defender a los cárteles y sus intereses en México.”

La investigación añade que, mediante estos mecanismos, las organizaciones criminales buscan controlar puestos estratégicos dentro del gobierno para facilitar el contrabando de combustible y el acceso a contratos públicos utilizados para lavar recursos ilícitos.

Comercio de combustible robado a través de empresas fantasma y facturas falsas

Una vez que el combustible ingresaba a México, era trasladado a depósitos controlados por los grupos criminales. Posteriormente, intermediarios elaboraban facturas fraudulentas para simular compras realizadas a empresas con permisos oficiales y así legitimar la distribución del combustible mediante empresas fachada.

Finalmente, el producto era vendido en gasolineras controladas por los cárteles, estaciones clandestinas o incluso a distribuidores legítimos obligados a comprar bajo amenazas de violencia.

Contrabando de combustible robado era disfrazado como “aceites usados”, “lubricantes”, “aditivos”, entre otros

El Departamento del Tesoro explica que uno de los principales mecanismos de evasión consistía en clasificar falsamente el combustible dentro de la documentación aduanera.

Los cargamentos eran registrados como “aceites usados”, “lubricantes”, “aditivos”, “residuos de petróleo” o “residuos peligrosos”, lo que permitía evitar el pago del IEPS y facilitar su ingreso a territorio mexicano.

Además de la alteración documental, el informe menciona el presunto soborno de funcionarios aduanales y el uso de contenedores no convencionales para ocultar el hidrocarburo.

Secretaría de Hacienda fortalece acciones en contra del robo de hidrocarburos relacionadas al narco

Tras las sanciones anunciadas por Estados Unidos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que reforzó la coordinación con autoridades estadounidenses.

La dependencia explicó que incorporó a los sujetos designados por la OFAC, así como a nueve personas adicionales, a la Lista de Personas Bloqueadas, luego de detectar posibles indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita y discrepancias entre los ingresos declarados y los recursos observados en el sistema financiero.

Hacienda señaló que continuará trabajando con autoridades nacionales e internacionales para impedir que las organizaciones criminales utilicen el sistema financiero para sostener sus operaciones.

Las investigaciones del Departamento del Tesoro muestran que el robo y contrabando de combustible se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento del CJNG, mediante una estructura que combina empresas fachada, operadores financieros, evasión fiscal, corrupción y lavado de dinero. Tanto Estados Unidos como México sostienen que estas acciones buscan debilitar la capacidad económica de las organizaciones criminales que operan en ambos lados de la frontera.

Información de UnoTV