Ciudad de México.- La misma empresa que ha recibido contratos millonarios de flotas vehiculares de los gobiernos de Enrique Peña y AMLO, es la que tuvo una asignación directa para vender las camionetonas blindadas de los ministros de la Corte.

Los nueve vehículos Jeep Grand Cherokee tuvieron un costo de 25 millones 650 mil pesos y fueron compradas a Total Parts and Components, filial de Grupo Andrade, uno de los proveedores favoritos de los gobiernos federales y estatales. Luego de las revelaciones de esta adquisición que contradecía las expresiones de austeridad de los denominados “ministros del pueblo”, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, decidió dar marcha atrás con el uso de los vehículos pero no con la compra.

La autorización para realizar la compra se dio el pasado 5 de diciembre y corrió a cargo del Comité de Adquisiciones, Servicios, Obras y Desincorporaciones a solicitud de la Dirección General de Seguridad.

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El Comité autoriza de manera unánime la adquisición de nueve vehículos con cualidades especiales de seguridad, mediante adjudicación directa especial con la persona moral ‘TOTAL PARTS AND COMPONENTS, S.A. de C.V.’, con un plazo máximo de entrega al 31 de diciembre de 2025 y un monto total de $22,112,073.00”, indica el acta de la sesión.

Al incluir el IVA, el desembolsó total fue de 25 millones 650 mil pesos, lo que significa que cada vehículo tuvo un costo de 2 millones 850 mil pesos.

Grupo Andrade ha sido beneficiada desde los gobiernos de Peña y de la 4T en el gobierno federal, la CDMX, Edomex y para equipar a la Sedena y Guardia Nacional, y al INE bajo la presidencia de Guadalupe Taddei.

Lo niegan

Ayer mismo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar, afirmó que la compra de las Grand Cherokee blindadas estuvo “plenamente justificada” y no fue arbitraria ni caprichosa.

Lo anterior debido a que al día siguiente de que se informó que las camionetas, que costaron 2.4 mdp por unidad, no serán usadas por la Corte, sino que serán vendidas o destinadas a jueces federales en situaciones de riesgo.

Aguilar dijo que la decisión de no usar las camionetas -que se consiguieron “a precio menor que el de mercado”- es muestra de que la Corte escucha y que él no tiene problema en andar “como cualquiera de ustedes” en metro, autobús, en su propio auto o a pie.

Recularon por presión

Si los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidieron no usar las camionetas de lujo que habían adquirido, fue a causa de la presión social y las protestas que provocaron, aseguró la presidenta del Senado, la morenista Laura Itzel Castillo.

Castillo saludó la decisión que finalmente tomaron los Ministros, quienes anunciaron a temprana hora que ya no usarían los vehículos que habían adquirido. “Me parece bien”, dijo en entrevista.

Luego señaló que sería deseable que los togados pudieran devolver los vehículos o ponerlas en manos de “algunos juzgadores que estuvieran haciendo las labores que tienen que ver con cuestiones delicadas”.

Asimismo, reconoció las manifestaciones por decisión de los juzgadores, que se debatía con la idea de la política de austeridad.