Ciudad de México.- Miles de personas migrantes se encuentran “atrapadas” en México, donde enfrentan una escalada de violencia y criminalización desde el regreso del presidente estadounidense Donald Trump a la Casa Blanca, lo que las “invisibiliza” y afecta su salud física y mental, según un informe de la organización civil Médicos Sin Fronteras (MSF) presentado este martes.

Al inicio de la presidencia de Trump, el 20 de enero pasado, la suspensión de la aplicación CBP-One para solicitar asilo en Estados Unidos, “dejó varadas a 300 mil personas en México sin una vía legal para avanzar”, según el informe ‘Rechazados: El devastador impacto humano de los cambios de política migratoria en Estados Unidos, México y América Central’.

Jorge Pedro Martín, coordinador del proyecto de MSF en Ciudad de México y Estado de México, dijo a EFE que, aunque la región ha atravesado varias crisis migratorias, “nunca antes había habido una crisis como esta, donde la población quede atrapada e invisibilizada”.

Martín advirtió que, pese a que los gobiernos de la región, incluido Estados Unidos, “quieran hacer ver que las políticas están dando resultados porque hoy los migrantes no se ven y no cruzan hacia Estados Unidos”, esto “tiene unas consecuencias humanas”.

Estas consecuencias van desde daños a la salud mental, física y sexual, vulnerabilidad ante la violencia del crimen organizado y abusos de las autoridades, así como criminalización y estigma social que aumentan las barreras para que las personas accedan a servicios básicos en Panamá, Honduras, Guatemala y México.

“Muchos migrantes y solicitantes de asilo varados se han dispersado, ocultándose por miedo y estigma tras ser perseguidos repetidamente y etiquetados como delincuentes. Esto disuade a algunas personas necesitadas de buscar ayuda y servicios básicos”, indica el reporte.

De enero de 2024 a mayo de 2025, MSF realizó cerca de 17 mil consultas de salud mental a lo largo de la ruta migratoria, desde Panamá hasta México, la mayoría de ellas motivadas por la violencia.

Además, el reporte señala que un 75% de las atenciones de realizaron en México, las cuales se duplicaron tras el triunfo electoral de Trump en noviembre.

Martín también señaló un aumento “exponencial” en la atención médica de casos complejos, como enfermedades crónicas y politraumatismos, ya que antes las personas solo estaban en tránsito, pero ahora, al estar “varadas”, requieren atención e incluso hospitalización.

Tan solo en la Ciudad de México y sus alrededores, la gestión de casos complejos de MSF pasó de unos dos o tres a cerca de 60 por mes, indicó Martín.

Las huellas de la criminalización

El discurso de Trump de criminalizar la migración también ha tenido impactos significativos y “ha influido negativamente en el resto de gobiernos de la región, ya sea por simpatía o presión”, según alertó en rueda de prensa Henry Rodríguez, coordinador general de MSF México.

“Los meten a todos en un mismo paquete y pareciera que ya por ser migrante eres un delincuente y eso ha causado múltiples barreras (…) para acceder a servicios básicos de salud”, expuso Rodríguez.

MSF atendió cerca de 90 mil pacientes en la región, entre enero de 2024 y mayo de 2025, de los cuales 4 mil 500 fueron afectados por eventos de violencia y “muchos de ellos tenían clasificación de tortura”, advirtió Rodríguez.

Además la ONG atendió a 3 mil 500 sobrevivientes de violencia sexual y realizó un total de 11 mil 850 consultas de salud sexual y reproductiva, incluidas mujeres embarazadas, “algo que no se veía antes”, según el especialista.

El informe destaca que en los últimos meses “la mayor parte de los casos de violencia sexual tratados por los equipos de MSF se han concentrado en México”.

Los equipos de MSF también han atestiguado cómo los procesos de asilo se han vuelto más largos y complejos en varias ciudades de México, al tiempo que la violencia perpetrada por el crimen organizado sigue siendo “alarmante”, incluyendo secuestros, extorsión, robos, violencia sexual y explotación laboral.

Finalmente, MSF hizo un llamado urgente a los gobiernos de la región a reemplazar las “prácticas de disuasión y abandono” por “políticas humanas” que garanticen el derecho al asilo, atención médica y protección a lo largo del corredor migratorio.