Saltillo, Coah.- Por primera vez en la historia de Coahuila, los agentes del Ministerio Público y elementos policiacos contarán con una carta de derechos que tienen la obligación de leer a los denunciantes, víctimas, detenidos y testigos de la comisión de delitos, documentos que deben estar ya en funcionamiento, según informó la PGJE.

Así fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el 25 de agosto, en donde se avala el acuerdo para emitir las Cartas de los Derechos de las y los Denunciantes y Víctimas, Testigos e Imputados en la Comisión de Delitos en Coahuila, y cuya omisión de lectura podría incluso invalidar un juicio.

Dichas cartas fueron entregadas a los servidores públicos de la PGJE adscritos a las áreas o unidades de investigación y están obligados a leerlas durante las diligencias en las que comparezcan ante ellos los denunciantes de delitos, testigos e imputados, a la hora de rendir su declaración.

Según se establece en el acuerdo, “el incumplimiento del presente instrumento deberá hacerse del conocimiento de la Dirección General de Responsabilidades, para determinar la responsabilidad administrativa o penal que resulte” contra el servidor público omiso.

Las autoridades que están obligadas a leer dichas cartas son los agentes del Ministerio Público, la Policía Investigadora, peritos, facilitadores penales, asesores, así como el resto del personal de Atención a Víctimas de la PGJE.

Entre lo que contienen dichas cartas está el derecho que tiene todo ciudadano de “que se le reciba su denuncia cualquier día del año, sin importar hora, en cualquier agencia del MP de la PGJE, y que nadie le niegue el servicio alegando horarios, días festivos, que no le corresponden por el lugar de los hechos, cambio de turno o bajo cualquier otro pretexto”.

En el caso de los imputados, tendrán derecho a hacer una llamada telefónica, a no ser obligados a declarar o ser incomunicados, a que no se les intimide ni torture y ser asistidos por un defensor, así como a que se les considere inocentes hasta que se demuestre lo contrario mediante sentencia, entre otros.

Tales documentos ya están en poder de las autoridades encargadas, y la omisión de su lectura podría afectar tanto la carpeta de investigación del caso, que un juez pudiera invalidar por completo el juicio de comprobarse que no se leyó el documento.