Ciudad de México.- Cuando un huracán destruyó su casa en Chiapas, Evelina, indígena tzotzil, migró al norte para trabajar junto con otras familias. Ella imaginó todo tipo de vicisitudes, pero nunca anticipó ser separada de sus hijos.

A casi una semana de haber llegado a esta frontera, el 22 de enero, el DIF de Mexicali y la Policía Municipal ingresaron sin orden judicial al domicilio que habitaba Evelina, junto con otras dos familias -seis adultos y 12 menores de edad-, todas originarias de Mitontic, Chiapas.

“ Para ingresar, primero la Policía tocó fuerte, los papás salieron y preguntaron por qué querían entrar, pero no contestaban, entonces no los dejamos entrar; volvieron a tocar y nos dijeron que eran del DIF Municipal, que nos traían cobijas, comida y colchonetas”, platicó Evelina a activistas.

“ Las mujeres nos pusimos contentas porque no teniamos ya comida”, relató. “Entonces abrimos y entró la Policía para separar a los niños de los adultos, y nos dijeron que se los llevarían”.

El DIF estatal retuvo por más de 24 horas a seis niños en un albergue, entre ellos, un bebé lactante de 10 meses.

Otros seis hijos de indígenas duraron siete días en el albergue del DIF estatal.

Ninguno hablaba español.

Los padres fueron señalados en medios de comunicación como tratantes de personas, de acuerdo con activistas.

Tan sólo en los dos primeros meses del año, organizaciones han documentado 21 infantes indígenas separados de sus familias por el DIF municipal, quien a su vez los canaliza a su homóloga estatal, sin una investigación formal en contra de los padres.

Los migrantes avanzan al norte, con sus hijos, buscando una mejor calidad de vida, hablando sólo su lengua indígena y sin posibilidad de ser tratados con dignidad, pues ya hay un prejuicio generalizado.

En la frontera, los indígenas se encuentran con abusos de discriminación, clasismo y maltrato, no sólo de la sociedad, sino de las propias autoridades municipales y del Estado, subrayaron las defensoras Angélica Medina, Paula Cruz Ríos y la abogada Sandra Pérez Juárez, en entrevista con Grupo Reforma.

Por años, las activistas han documentado la ignorancia de las autoridades para tratar a los indígenas.

Los indígenas se ven forzados a trabajar en los cruceros, debido a la falta de trabajo en sus comunidades, y no se les ofrece apoyo para el cuidado de sus hijos, insistieron.

Pérez Juárez dijo que, sin protocolo para la atención de comunidades indígenas, en el DIF estatal, los padres son sometidos a evaluaciones psicológicas.

Incluso, el DIF estatal envió el oficio IM/MXL/001/16/2021 a las familias obligándolos a participar en un taller denominado “crianza positiva”, el curso duraba 20 semanas, una clase por semana y aprobar el curso no garantizaba que se regresara a los niños.

En tanto, la investigación de la supuesta red de trata no avanzaba, debido a que ni el DIF estatal ni municipal habían pensado en conseguir un traductor para los tzotziles, expusieron las activistas.

La abogada Sandra Pérez Juárez consiguió un traductor y avisó a la Procuraduría.

De esa forma, a los tres días de entrevistar a madres e hijos tzotziles se entregó a los niños más pequeños retenidos en el albergue.

“ ¿Me pregunto si no se hubiera localizado a ese intérprete cuánto más habrían tenido que estar ahí esos niños?”, cuestionó la abogada.

‘Les dan a sus hijos, si se van a Chiapas’

La separación de familias no es una práctica aislada ni nueva.

Paula Cruz Ríos, activista de Mexicali, recordó que hace cinco años documentó cómo una familia Mixe, de Chiapas, con seis años de residencia en Baja California fue separada, y para que el padre pudiera ver a su hija en el albergue del DIF, se le prohibía hablar su lengua.

“ No puedo entender cómo una institución como el DIF, con un equipo interdisciplinario para la atención de las familias, haga este tipo de operativos y separe familias y bebés lactantes, presumiendo que hay un delito y hasta la fecha no se comprueban, por eso entregaron a los infantes”, acotó.

“ Es una institución que defiende a las familias, pero no a las indígenas ni a los pobres, llegaron con engaños, dijeron que iban a entregar ayuda y era una redada, son familias que viven en extrema pobreza, lo que pretendemos es saber si hay un expediente. ¿Hay o no hay trata?”.

La abogada Sandra Pérez Juárez dijo que documentó cuando el DIF estatal entró el pasado 29 de enero a otros cinco menores que ya tenían un mes retenidos, en ese caso, la Policía Municipal detuvo por 10 horas a las mamás, una de ellas de 14 años.

En todos los casos, los padres indígenas fueron condicionados a que se les regresaban a sus hijos sólo si aceptaban retornar a su lugar de origen.

“ Estuve presente cuando se entregó a los niños, el camión pasó a la calle de la Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, ahí les dijeron que se subieran para irse a Chiapas, el boleto estaba pagado, así se regresaron con toda esta experiencia traumática, ya ni siquiera quisieron poner denuncia”, lamentó.

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#Nacional: El DIF está rebasado ante el flujo de niños migrantes, lo que ha obligado a autoridades a llevar a menores a albergues de sociedad civil.https://t.co/P3GOmeTwW6

— Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) April 3, 2021