Ramos Arizpe, Coah.- Aunque la clausura sobre el tiradero de Garlok está vigente, la actividad de máquinas en el lugar sigue, sin embargo la responsabilidad de mantenerlos vigilados parece no quedar muy clara.

Ni la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ni la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Coahuila (Semarnac) aceptan tener injerencia y ambos titulares mencionan al opuesto como responsable.

Como sucediera en el caso del CIMARI, la responsabilidad vuelve a quedar en el aire; mientras tanto el problema del tiradero quedan sin solución y las empresas operan sin restricción, tal como lo atestiguan las fotos donde se observa maquinaria trabajar en el lugar.

Héctor Franco López, secretario de Medio Ambiente, dijo que el caso Garlok se dio a conocer por una queja en el 2004, cuando se denunció el incendio que ardía continuamente en el subsuelo, de tal manera que se procedió a la clausura que más tarde el Gobierno actual ratificó.

Sin embargo, aseguró que el caso se turnó a la Profepa cuando se detectó que posiblemente había residuos peligrosos depositados, y hasta la fecha esta dependencia es la encargada del seguimiento.

La exigencia es que se remedie el sitio, que se corrijan las irregularidades y se apague ese incendio, porque se siguen consumiendo residuos y éstos se convierten en contaminantes, además solicitamos se haga una revisión exhaustiva de que se depositaba ahí, dijo Franco.

Por lo pronto el tiradero continúa y se repite la historia, ya que por algunos pesos la gente permite que se instalen este tipo de centros sin control, sin saber que a la postre se afecta el medio ambiente y a la gente que vive en los alrededores.

NO SON PELIGROSOS

La delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Silvia Garza, aseguró que al haber residuos no peligrosos en el lugar, la competencia es enteramente del Estado.

La funcionaria señaló que como dependencia la Profepa no tiene ningún expediente abierto ni proceso contra el tiradero de Garlok, incluso la clausura que se dio hace cuatro años fue por parte del Gobierno estatal

“La Profepa hizo una visita en febrero de este año, por denuncia, y no están en operación, pero lo que confinan ahí es no peligroso, son residuos industriales no peligrosos, y eso le toca al Estado según la nueva ley. Nunca le ha tocado a la Federación los residuos no peligroso, pero con la nueva Ley General de Residuos, remarca que lo no peligroso le toca al Estado”.

Garza Galván expuso que no pueden intervenir en una situación como esta a menos que se les solicite mediante una denuncia, para entonces poder participar.