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| Mayoría en la Cámara de Diputados aprobó en lo general la iniciativa que aplaza la elección del poder judicial de 2027 a 2028. Crédito: Alfredo Moreno

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Avalan aplazamiento de elección judicial para 2028

  Por Agencia Reforma

Publicado el martes, 26 de mayo del 2026 a las 23:27


Con el voto en contra de la Oposición, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma de la Presidenta Claudia Sheinbaum

Ciudad de México.- Con el voto en contra de la Oposición, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma de la Presidenta Claudia Sheinbaum que retrasa para junio de 2028 la elección judicial y la hace coincidente con una eventual consulta de revocación de mandato.

La reforma constitucional que este miércoles será discutida en lo particular, fue aprobada con 341 votos a favor y 124 en contra de la petista Aracely Cruz y de la Oposición, que alertó que las modificaciones también meten por la puerta trasera modificaciones que permitirán hacer coincidentes en sexenios posteriores la revocación de mandato con las elecciones locales y federales, algo que el pleno de San Lázaro ya había rechazado.

Los cambios impulsados por el Ejecutivo federal aplazan para junio de 2028 la elección judicial originalmente programada para 2027, haciéndola concurrente con la consulta de revocación de mandato, en caso de que sea solicitada, y abre también posibilidad para que, en sexenios posteriores, ésta sea coincidente con las elecciones federales o locales.

Disminuye el número de candidaturas por cargo, de 10 aspirantes para Ministros y Magistrados electorales, y de seis para Magistraturas y Juzgados de Distrito a sólo cuatro perfiles mejor evaluados por cargo, que posteriormente se reducirán a dos por posición vía insaculación pública.

La reforma rediseña las boletas electorales y crea un nuevo modelo de “distritos judiciales electorales” que el INE deberá establecer a partir de dividir cada circuito judicial, modifica nuevamente el diseño de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al plantear que opere “en Pleno y en dos secciones” y establece que el escrutinio y cómputo de votos se realizará directamente en las casillas donde se emitieron los sufragios.

Durante el debate, diputados de Morena y de Oposición intercambiaron señalamientos, luego de que el priista Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla acusó a Morena de abrazar a asesinos y llamó “asesino” al diputado Leonel Godoy.

El morenista pidió la palabra desde su curul por alusiones personales, pero el priista se negó a dejar la tribuna, pese a las reiteradas solicitudes de Godoy y los gritos de “fuera porro” de morenistas.

Diputados del PRI y de Morena subieron a tribuna, por lo que el coordinador Ricardo Monreal tuvo que llamar a sus compañeros de bancada a no caer en provocaciones e incluso solicitó a Gutiérrez Mancilla retirar del Diario de Debates sus ofensas, lo que el diputado rechazó.

Incluso la petista Lilia Aguilar le pidió a Kenia López hacerse a un lado, si no podía controlar a la Asamblea. En respuesta, la panista le dijo que sus palabras eran reprochables y le recordó que siempre la ha tratado con respeto.

Durante el debate, diputados de Oposición advirtieron que la reforma es una confesión del Ejecutivo federal, que sabe que la reforma judicial que aprobaron hace menos de dos años no funcionó, ni funcionará.

Los legisladores criticaron que lo que hoy busca corregir el oficialismo, fue advertido en aquella “sesión vergonzosa” de septiembre de 2024, cuando en la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, la mayoría aprobó su reforma judicial sin cambiar ni una coma.

La diputada del PAN, Lorena García Jimeno, rechazó que la reforma sea un simple ajuste técnico, porque crea una Comisión Coordinadora que concentrará la evaluación y selección de aspirantes, lo que en los hechos implicará menos competencia y pluralidad y más control político.

Advirtió que la reforma impulsada por el Ejecutivo federal mantiene intacto el corazón de la reforma: la politización de la justicia, ya que no considera mecanismos reales para impedir los acordeones, ni garantías efectivas contra la intervención política.

Con un miniacordeón en la mano, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, subió a tribuna para advertirle al PT que Morena, su aliado, estaba aprovechando la “corrección” de la reforma judicial para meter por la puerta trasera la posibilidad de empalmar la revocación de mandato con las elecciones locales y federales en 2033.

“Para el PT es un golpe por la espalda. Les están colocando el Artículo 35 para, para echar para atrás lo que ustedes votaron en contra”, afirmó.

Los priistas mostraron carteles con la leyenda “No más Ministros chicharrón” y “Corte patito”, generando los gritos de diputados de Morena y del PT a quienes el coordinador priista les respondió “y tú te poner a bailar con la señora que más quieres en tu casa”, mientras sus compañeros de bancadas lanzaban “que cante Rocha”.

La emecista Claudia Ruiz Massieu alertó que las modificaciones al 35 constitucional es inconstitucional, porque en el fondo, implica discutir la propuesta que el Congreso rechazó en marzo pasado, cuando el PT, el Verde y la Oposición rechazaron el Plan A electoral de la Presidenta, quien proponía empatar la revocación de mandato con las elecciones intermedias.

La también diputada de Movimiento Ciudadano, Irais Reyes, advirtió que la reforma sólo mantiene el mecanismo decisivo de la tómbola, sino que obliga a los estados a copiar exactamente el modelo federal, imponiéndole a los estados este mecanismo.

La morenista Mariana Benítez afirmó que las reformas profundas, como la judicial, requieren evaluación, revisión, autocrítica y capacidad institucional para corregir lo que la experiencia práctica permita mejorar.

Calificó la reforma como un ejercicio de responsabilidad democrática y de madurez institucional.

La ex priista aseguró que el aplazamiento de la elección judicial permitirá a las autoridades electorales y judiciales contar con más tiempo para perfeccionar mecanismos técnicos, metodologías de evaluación, organización territorial y diseño de boletas.

La legisladora sostuvo que empatar la revocación de mandato con los procesos electorales ordinarios permitirá optimizar los recursos públicos, fortalecer la participación ciudadana y generar una mejor coordinación institucional en los ejercicios democráticos nacionales.

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