Ciudad de México.- La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional para proteger de cobros de bancos los recursos de los programas sociales que otorga el Gobierno federal a beneficiarios.

Con 21 votos a favor, uno en contra y 9 abstenciones, se avaló la reforma promovida por la diputada de Morena Aleida Alavez desde la Legislatura pasada y que se rescató para su discusión en la 65 Legislatura.

El dictamen de reforma al artículo cuarto de la Constitución se envió a la Mesa Directiva para su presentación al pleno.

Con la propuesta se busca evitar que los apoyos económicos que reciben los beneficiarios de los programas sociales en sus cuentas bancarias, no sean descontados o tomados en automático por las instituciones financieras.

La reforma protege a los recursos de los programas sociales reconocidos como derechos humanos en el artículo cuarto constitucional, que son las entregas económicas a las personas que tengan discapacidad permanente, la pensión no contributiva y un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública.

“ Los apoyos económicos, pensiones no contributivas y becas y demás apoyos que tengan por objeto el combate a la pobreza y la desigualdad social que entreguen los gobiernos federal, estatal o municipal no serán susceptibles de retenciones, descuentos, deducciones, compensaciones o embargos por parte de particulares”, señala la reforma para blindar a los programas sociales.

Los diputados de la mayoría legislativa buscan evitar que los bancos se cobren deudas de los beneficiarios de los programas sociales, mostrando un cambio de postura tras haber aprobado, a hace dos semanas, una reforma que permitía el embargo de los salarios de los trabajadores directamente por las empresas, ya no por las instituciones financieras, para garantizar el pago de créditos de nómina.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro, celebró que en los diputados de Morena se vea el cambio de posición, luego de haber votado a favor el embargo de los salarios de los trabajadores, lo cual calificó como una moderna “tienda de raya”.

“ Me da gusto que en una semana morena haya cambiado puntos de vista, hace unos días aprobaron, hasta que el presidente les corrigió, la plana, las tiendas de raya, porque lo que impulsaba Morena fue una reforma porfirista de tiendas de raya.

“ Veo con gusto que tomen un discurso más consistente y están tomando vergüenza de lo que hicieron”, planteó el diputado Caro.

Aleida Alavez, vicecoordinadora de Morena, explicó que cuando se dan los depósitos de los programas sociales hay descuentos o cobros en automático de las instituciones financieras por deudas, según reportan los beneficiarios.

“ Si hay adeudos se cobran y revisando los contratos, resulta que es legal, los clientes firman y se permite ese abuso. Es legal, pero es injusto”, señaló.

Los legisladores desecharon la propuesta de la diputada del PRI Cynthia López Castro, de que hubiera un agregado para precisar que si había autorización del beneficiario se pudieran hacer los descuentos.

Argumentó que la reforma va a impedir que las personas tengan acceso a créditos de bienes y servicios.

Destacó que se trata de un cobro en automático de recursos que están destinados a ser un ingreso mínimo vital, destinado a los grupos vulnerables.

En el debate, se eliminó de la redacción aprobada, la disposición de que solo se pueden hacer cobros mediante juicio seguido ante los tribunales competentes y bajo las normas y procedimientos aplicables.

Se dijo que eso ya está considerado en el artículo 14 constitucional y era redundante repetir la disposición.

Los legisladores desecharon la propuesta de la diputada del PRI Cynthia López Castro de incluir una precisión, respecto a que si los beneficiarios de los programas daban su consentimiento se pudieran hacer los descuentos.

López Castro señaló que, con la reforma, al prohibir los descuentos, se va a impedir que pudiera haber domiciliación de pagos y acceso más fácil a créditos de bienes y servicios, como hipotecarios y vehiculares.

Sin embargo, la propuesta no prosperó.