Ciudad de México.- Con la ausencia de la Oposición, que se levantó de la mesa, Morena y sus aliados avalaron en comisiones el dictamen de la reforma que limita las pensiones y jubilaciones de personal de confianza de organismos descentralizados y empresas públicas del Estado.

Tras escuchar a jubilados de Pemex, CFE y Nacional Financiera y, pese a la solicitud de panistas para decretar un receso y redactar una reserva de consenso para atender las demandas de los ex trabajadores, la mayoría aprobó sin cambios la minuta del Senado que modifica el artículo 127 de la Constitución para establecer como tope la mitad de la remuneración de la Presidenta de la República.

El proyecto que será votado en el Pleno mañana excluye de esa disposición a las Fuerzas Armadas, los haberes de retiro vigentes y a las pensiones y jubilaciones que se constituyan a partir de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro, a partir de aportaciones sindicales y las no contributivas.

Considera también un artículo segundo transitorio, que señala que las modificaciones serán aplicables a las jubilaciones y pensiones que se hayan otorgado con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma. El dictamen fue aprobado con 26 votos a favor de Morena y sus aliados, luego de que la Oposición se levantó de la mesa, en protesta por el rechazo de la mayoría para discutir propuestas de modificación.

Previo a la discusión, jubilados de la CFE, de Pemex y de Nacional Financiera acusaron que viola el principio de no retroactividad, por lo que pidieron a los legisladores reflexionar sobre la propuesta de la Presidenta.

“Nuestras jubilaciones son legales, transparentes y auditables, se sustentan en un marco normativo pactado por el Estado mexicano generando derechos adquiridos que forman parte de nuestro patrimonio legítimo”, afirmó Rosa Galaz, jubilada de la CFE.

Galaz afirmó que condicionar la subsistencia de los trabajadores de confianza el salario del titular del Ejecutivo federal es una decisión política, no técnica, y agregó que aplicar esta reforma exclusivamente a jubilados de confianza de entidades públicas, rompe el principio de igualdad y los categoriza como jubilados de segunda.

Rosa María Rodríguez, integrante de la Asociación de Jubilados de Confianza de Pemex, demandó que las llamadas “pensiones doradas” sean investigadas y eliminadas, pero demandó a los legisladores que no afecten a quienes cuentan con una pensión digna y justa.

En su turno, Adán Oviedo, jubilado de Pemex, dijo que los 5 mil millones de pesos que pretenden ahorrar con la reforma, representa apenas el 0.0025 por ciento de los dos billones de pesos que suman la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el huachicol fiscal, las irregularidades en la refinería de Dos Bocas y las observaciones pendientes de aclarar en la pasada Administración que, dijo, alcanzaría para pagar 400 años sus pensiones.

Durante el debate, la emecista Laura Hernández, advirtió que el proyecto no explica de manera clara las razones por las que exenta a las Fuerzas Armadas, a pesar de que los militares son parte del servicio público.

La legisladora advirtió sobre el riesgo de que la reforma plantee la aplicación retroactiva de las modificaciones, ya que es contrario a los derechos ya ganados por los trabajadores.

El priista César Domínguez sostuvo que la de pensiones es una reforma clasista, porque no le quita sus beneficios a los ex Ministros, pero si a los trabajadores con más de 30 años de servicio.

Agregó que también es recaudatoria, al reflejar que el Estado mexicano está en crisis y necesita atraer recursos públicos de cualquier parte, aun cuando signifique violentar principios constitucionales.

El diputado del PAN, Federico Döring, dijo que si bien su bancada no defenderá a quien tenga una pensión que no merece, tampoco será parte de la injusticia de arrebatarle a alguien lo que su trabajo le ha concedido.

Döring cuestionó de qué privilegios goza un militar o el Ministro en retiro Arturo Zaldívar para tener un haber de retiro de 350 mil pesos mensuales intocado, lo que generó los aplausos de los jubilados presentes.

El morenista Arturo Olivares, presidente de la Comisión de Seguridad Social, quien habló sin ser parte de la Comisión de Puntos Constitucionales, advirtió que la reforma afectaría a más de 12 mil ex trabajadores del IMSS cuyo monto mensual percibido oscila entre 70 y 100 mil pesos.

En un futuro, dijo, la reforma también impactaría a seis mil médicos y médicas que actualmente se encuentra adscritos a direcciones y subdirecciones médicas, hospitales y unidades de medicina familiar.

El diputado alertó también sobre el riesgo de una renuncia masiva, ante la falta de inventivos, en los puestos de confianza del IMSS, lo que afectaría su operatividad.

En su turno, la petista Lilia Aguilar anunció que su bancada presentará una reserva para exceptuar de la aplicación de la reforma a quienes “de manera legal están jubilados”.