Ciudad de México.- Diputados de Morena y sus aliados turnaron a tres comisiones del Congreso de Tamaulipas una iniciativa que busca echar abajo que del erario se pague la seguridad al ex Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca y ex funcionarios que tuvieron que ver con el combate al crimen organizado.

El morenista Isidro Vargas, quien presentó la propuesta, criticó que además únicamente los ex funcionarios de la pasada administración, como el ex Mandatario, causan un gasto al erario de más de un millón 100 mil pesos mensuales.

Lo anterior, luego de que en septiembre del 2021 el mismo Congreso estatal, entonces con mayoría panista, aprobó la adición de un segundo párrafo a la fracción primera del artículo 19 bis de la Constitución de Tamaulipas.

Con la reforma elevaron a rango constitucional el otorgamiento de medidas de seguridad y protección previstas a servidores públicos y ex funcionarios, que incluyen al titular del Poder Ejecutivo, a partir de la fecha en que deje el cargo, al argumentar el riesgo en que se pone derivado de combatir a la delincuencia organizada.

La reforma también incluye que se les proporcionen vehículos blindados, al concluir la administración, en septiembre de 2022.

Del uso de los citados privilegios, la actual administración no ha rendido un informe.

Sin embargo, en sesión de hoy los legisladores de Morena y sus aliados, entre ellos Movimiento Ciudadano, con 20 votos a favor, 14 en contra del PAN, y una abstención, avalaron turnar a las Comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y de Gobernación, para el análisis y dictamen correspondiente del decreto, para reformar el segundo párrafo de la fracción I, del artículo 19 bis de la Constitución de Tamaulipas, a cerca de año y medio de su aprobación.

Por tratarse de una reforma constitucional se requiere de las dos terceras partes de los diputados, es decir, del voto de 24 legisladores, que no los tiene la bancada de Morena, ni con la suma de sus aliados.

“ Necesitan ser 24 votos que se tienen que dar”, aseguró la diputada local del PAN, Leticia Vargas Álvarez.

Vargas dijo que Tamaulipas cuenta con la Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, por lo que resulta innecesaria la reforma de la anterior administración.

Puntualizó que desde abril de 2015, sus términos se encuentran vigentes, derivado de la expedición del Decreto LXII-572 del Congreso local.

“ Y que existe un mecanismo legal asequible a cualquier personas para que previo procedimiento se le pueda brindar la ayuda que requiera”, afirmó.

“ De tal manera”, cuestionó, “que resulta innecesario que la máxima norma del Estado tenga que prever de manera exclusiva, casi un privilegio, una disposición para que se brinde protección a ex servidores públicos una vez concluida su encomienda pública, puesto que el servicio de seguridad pública, en su máxima expresión, debe ser en beneficio de toda la colectividad, sin distingo alguno”.