Ciudad de México.- Una investigación realizada en la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) y con el apoyo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) obtuvo vinculación a proceso en contra de una ex empleada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por su probable responsabilidad en los delitos contra la administración de justicia y uso de documento público falso para beneficiar y desvirtuar que se trataba de una empresa considerada facturera (que simula operaciones), al haber beneficiado a la empresa Juni Serra, de la cual son accionistas el ex dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, su cónyuge y su suegro.

La indagatoria detectó que Danino Ángel Martínez Diez, suegro del ex dirigente panista, es accionista de Juni Serra, una compañía involucrada en la compra simulada de una propiedad en el estado de Querétaro por 54 millones de pesos.

A este respecto, en abril de 2018, cuando Anaya Cortés era candidato presidencial por el PAN subió a Internet documentos que acreditaban la compra del terreno de 13 mil 589 metros cuadrados en Querétaro y en una carta —de acuerdo con información publicada en La Jornada el 8 de abril de 2018—, que se le acusaba de haber comprado un terreno con un valor de 10 millones de pesos a la empresa Park Development y haberlo vendido en 54 millones a la misma compañía, lo que resulta en una ganancia exorbitante de 44 millones de pesos.

Señaló que que tal acusación es falsa y dolosa, y destacó que el terreno fue adquirido por la empresa Juni Serra, propiedad de él y su cónyuge, en 15 millones 302 mil pesos. El costo de la nave industrial que se construyó en el predio fue de 18 millones 295 mil pesos, lo que da un total de 33 millones 598 mil pesos.

Por lo que respecta a la acusación en contra de la ex funcionaria del SAT, identificada por la Fiscalía General de la República (FGR), como María “M”, “presuntamente benefició indebidamente a la empresa contribuyente Juni Serra, a través de una resolución que a la postre resultó apócrifa en la que se afirmó que esa persona moral había desvirtuado la presunción de ser una empresa que factura operaciones simuladas, cuando lo cierto es que existía una diversa resolución verídica en la que se estimaba lo contrario”.

Durante una audiencia realizada en Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur, un juez federal decretó la vinculación a proceso y otorgó tres meses para la investigación complementaria.

Según la investigación realizada por la FEMCC “la imputada, aun cuando suscribió la resolución genuina en la que se tenía por no desvirtuada la presunción de que la empresa aludida era facturera, decidió autorizar y ordenar la notificación de la resolución apócrifa en la que se decía exactamente lo opuesto, beneficiando así a dicha empresa en claro detrimento de los intereses fiscales de la Federación en impedir la operación de dicho tipo de personas jurídicas”.

Por todo lo anterior, el Ministerio Público Federal (MPF), de la FEMCC, aportó los datos de prueba suficientes al Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, para obtener la vinculación a proceso referida y tres meses para la investigación complementaria.