Barcelona.- El juez que investiga el ‘caso Negreira’ ha ordenado a la Guardia Civil el registro de las oficinas del Comité Técnico de Árbitros (CTA), en el municipio madrileño de Las Rozas, y ha imputado cohecho al FC Barcelona, al sospechar que el club pudo pagar por “efectos arbitrales deseados”.

Agentes del Grupo de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Unidad de Policía Judicial de Barcelona irrumpieron este jueves a las 9:00 horas (tiempo local) en la sede de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) en busca de documentación relacionada con los pagos del Barça al exvicepresidente del comité José María Enríquez Negreira.

El registro, que se ha prolongado durante todo el día para llevar a cabo el clonado de los ordenadores, lo ha ordenado el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que investiga el destino de los cerca de 7 millones de euros que el Barça pagó a Enríquez Negreira y a su hijo, entre los años 2001 y 2018, y que según el club respondían a informes sobre arbitrajes.

En paralelo al registro, el juez instructor ha dictado un auto en el que imputa un delito de cohecho a los directivos del FC Barcelona investigados en el caso, así como al propio club como entidad jurídica, además de al exvicepresidente del CTA, José María Enriquez Negreira y a su hijo.

De esa forma, el delito de cohecho, que de acuerdo con la legislación debe ser juzgado por un tribunal popular, se suma a los de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales que hasta ahora se atribuían a los investigados, a raíz de la querella que presentó la Fiscalía Anticorrupción.

El juez sospecha que los pagos pudieron obedecer a una “forma novedosa de posible retribución ilegítima a árbitros de futbol”, en un contexto de una “posible corrupción sistémica en el seno del CTA” en la época en que Negreira era vicepresidente de este organismo.

En su último auto, el magistrado justifica la imputación del delito de cohecho -que castiga los sobornos para obtener favores de funcionarios públicos– en sus sospechas de que el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) y su hijo recibieron durante 18 años pagos del Barça a cambio de procurar los “efectos arbitrales deseados” por el club, lo que implicaba “desigualdad de trato” para el resto de equipos.

Pese a que Enríquez Negreira no era funcionario, como exige el delito de cohecho, considera el juez, apoyándose en abundante jurisprudencia en la materia, que sí tenía esa condición “a efectos penales, dado que desempeñaba funciones públicas como vicepresidente de la CTA, entre otras relativas a las calificaciones de los árbitros y a los ascensos y descensos” de los mismos.

Según sostiene el juez en su auto, los pagos del FC Barcelona a Enríquez Negreira y su hijo, que da por acreditados documentalmente, “pueden considerarse realizados en atención al cargo que desempeñaba” el exvicepresidente del CTA, pues se prolongaron durante 18 años, en que se incrementaron de los 70.000 euros iniciales a 700.000 anuales, y se detuvieron coincidiendo con cuando cesó el árbitro investigado.

Fuentes del FC Barcelona han señalado a EFE que el club ya contemplaba la hipótesis de que el juez instructor le imputara un delito de cohecho, por lo que sus penalistas están trabajando “desde el primer día” todos los aspectos de esta causa.

El registro que ha ordenado el juez se enmarca en una pieza separada del ‘caso Negreira’, que el magistrado ha abierto para practicar varias diligencias planteadas por la Fiscalía Anticorrupción y ha declarado secreta con el fin de evitar que se “manipulen” pruebas dados los “extraordinarios intereses económicos que hay en juego”, según su auto, al que ha tenido acceso EFE.

Asimismo, el magistrado ha dictado otra resolución en la que requiere al Barça para que, en un plazo de cinco días, aporte el listado de presidentes de FC Barcelona desde 2001 hasta 2018, “indicando la fecha de toma de posesión y cese”.

Hasta ahora están imputados por el ‘caso Negreira’, además del FC Barcelona como persona jurídica, los expresidentes azulgranas Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu.