Monclova, Coah.- Manolo Jiménez Salinas y Gabriel Elizondo, criticaron a las autoridades encargadas del concurso mercantil por permitir la simulación de la empresa Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA) y su representante, José Arturo Domínguez Arteaga en la subasta de Altos Hornos de México.

El Gobernador del Estado y el Senador, coincidieron en calificar como inaceptable la falta de rigor y filtros mínimos en el Juzgado y la Sindicatura, al haberse admitido a un postor que ofreció 1,400 millones de dólares pero que únicamente contaba con un capital contable de 5 millones de pesos y terminó entregando un depósito simbólico de 5 mil pesos, en lugar de la garantía requerida de 56.3 millones de dólares.

Jiménez Salinas, fustigó la falta de sentido común en la conducción del proceso legal y la simulación que revivió la incertidumbre en la Región Centro-Desierto.

“Cualquiera que entendiera de la administración básica de una empresa pudo haber desechado esto. No entiendo cómo dejaron que algo así sucediera; desde los filtros te das cuenta. Hay una clara responsabilidad por haber recibido una propuesta tan ridícula y haber jugado de esta manera con las expectativas de miles de familias”, aseveró el Gobernador.

Por su parte, Elizondo respaldó la crítica y advirtió que no se permitirá que el proceso concursal se convierta en una plataforma de engaños impunes.

“Llega este personaje a generar una falsa esperanza en una comunidad que lleva años en una lucha constante por recuperar su tranquilidad económica. Vamos a buscar que existan consecuencias legales claras para quienes vengan a pretender burlarse de Coahuila y de su gente”, sostuvo Elizondo.

Respaldo irrestricto a ex obreros

Frente a la desilusión causada a los ex obreros y familias dependientes de la siderúrgica, el Gobernador del Estado y el Senador reafirmaron su compromiso de acompañar a la comunidad laboral en todas las instancias legales e institucionales.

Entre las medidas inmediatas, Gabriel Elizondo anunció que presentará un punto de acuerdo en el Senado de la República para exigir una revisión detallada de la actuación de las autoridades judiciales y la Sindicatura, así como la implementación de un esquema de certificación obligatoria de solvencia financiera para futuros inversionistas en empresas bajo reestructuración o liquidación.

Finalmente, tanto el Ejecutivo Estatal como el Senador ratificaron que mantendrán la vigilancia sobre las próximas alternativas que presente el juzgado -incluida la conformación de un consorcio de acreedores-, garantizando que la prioridad de Coahuila seguirá siendo la defensa de los derechos laborales y el rescate económico de Monclova y la región.