Ciudad de México.- El gobernador de Baja California Sur, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, rechazó que los 90 jornaleros rarámuris que eran explotados en campos agrícolas de ese estado hayan sido expulsados.

Expuso que ellos mismos aceptaron volver a su lugar de origen en Chihuahua y que el viernes pasado él mismo estuvo presente para verificar que la empresa cumpliera con el pago y que los tarahumaras tuvieran condiciones dignas para regresar.

El mandatario estatal descartó que la situación de explotación laboral en condiciones infrahumanas y de semiesclavitud a que eran sometidos los tarahumaras sea una circunstancia generalizada en campos agrícolas del estado.
Dijo, en entrevista telefónica con Adela Micha en Grupo Imagen Multimedia, que este rancho en particular, localizado en Comondú, “es de fuera del estado” y que es la primera ocasión que se presentan tarahumaras a laborar en Baja California Sur.

Covarrubias Villaseñor propuso crear un mecanismo de coordinación en las secretarías de trabajo de los estados expulsores y receptores de mano de obra para evitar que se repitan hechos como el citado.

Del caso, aseguró, ya se lleva un importante adelanto en la averiguación previa y se dio vista a la PGR.

Sostuvo que al parecer son dos empresas empresas involucradas en la explotación laboral de los indígenas rarámuri: El Cerezo, originaria de Michoacán, y Los Cerritos, del estado de Guanajuato.

Reconoció que, dos meses antes de que el caso se hiciera del conocimiento público, el gobierno del estado hizo una inspección y que en ella se había encontrado “muy poco personal”.

No se encontraban esos grupos de personas porque la planta estaba en desarrollo, dijo el gobernador.

El funcionario estatal de extracción panista propuso modificar las reglas de asignación de los recursos federales para combatir la pobreza.

En relación con el aumento de la violencia e inseguridad en su entidad, el mandatario justificó la situación porque, expresó, “la violencia se ha generalizado en el país”.

Añadió además que “la detención de capos importantes provocó vacíos y eso ha complicado el tema, particularmente en La Paz”.

Hizo hincapié en que para los grupos de la delincuencia organizada el estado “es tentador para el trasiego de drogas”, pues tiene 22 por ciento de los litorales del país.