Ciudad de México.– En un paso estratégico para reducir la brecha de género en el campo mexicano, la Secretaría de Bienestar y la Procuraduría Agraria (PA) formalizaron un convenio de colaboración destinado a regularizar la tenencia de la tierra. El acuerdo se centra en brindar certeza jurídica a las beneficiarias del programa Sembrando Vida, garantizando que las mujeres pasen de trabajar la tierra a ser sus titulares legales.

Patrimonio: La llave de la autonomía

Durante la firma, la subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, subrayó que la tenencia legal es un pilar de la libertad personal. “Si una mujer no tiene tierra, no tiene condiciones plenas para decidir sobre su vida. Es fundamental que las campesinas tengan derechos sobre la parcela que trabajan y el espacio donde viven”, afirmó.

Actualmente, miles de mujeres en el programa operan bajo acuerdos informales o de usufructo, lo que genera vulnerabilidad sobre la continuidad de su labor. El convenio establece mecanismos para transformar esta realidad mediante:

– Asesoría jurídica y acreditación de derechos.

– Resolución de conflictos agrarios en territorio.

– Acompañamiento en procesos de sucesión y acuerdos de asamblea.

Fortalecimiento de la economía local

Por su parte, el procurador agrario, Víctor Suárez Carrera, destacó que esta alianza consolida la segunda etapa de Sembrando Vida. Además de la regularización, Suárez planteó una visión comercial, que los Centros de Atención Agraria funcionen como puntos de distribución para productos locales, fomentando circuitos de consumo de “campesino a campesino”.

Esta iniciativa busca agregar valor a la producción primaria y reforzar la defensa de la propiedad social, la cual representa más del 50% del territorio nacional.

Identidad y vida colectiva

El esfuerzo institucional reconoce que los ejidos y comunidades son más que simples formas de tenencia; son la base de la identidad y la vida colectiva en México. Al formalizar la titularidad de las mujeres, el Estado no solo otorga un documento legal, sino que fortalece la estructura de organización comunitaria y la justicia social en el sector rural.