León, Gto. — A un mes del arranque del proceso electoral 2026-2027 en Guanajuato —donde se renovarán los 46 ayuntamientos y el Congreso local—, el Partido Acción Nacional implementará filtros internos de control para evitar que aspirantes con nexos con la delincuencia organizada accedan a candidaturas.

Así lo anunció la presidenta del Comité Directivo Estatal del blanquiazul, Juana de la Cruz Martínez Andrade, quien enfatizó que, si bien la responsabilidad recae también en los órganos electorales, el partido tomará medidas estrictas para proteger su oferta política.

” “Es un tema que nosotros cuidaremos con filtros para evitar que se nos vaya a filtrar gente”, advirtió la dirigente.

Demandan mayores candados a la autoridad electoral

Martínez Andrade adelantó que sostendrá un encuentro formal con el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) para exigir la creación de mecanismos institucionales más rigurosos que impidan la participación de perfiles ligados al crimen organizado en cualquier fuerza política.

Panorama y reacomodos partidistas

El blanquiazul encara el próximo proceso con presencia en 22 administraciones municipales (13 de ellas en coalición) y 16 de las 36 curules del Congreso estatal. No obstante, el instituto político ha registrado cambios recientes en su estructura, como la salida de la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, hacia Movimiento Ciudadano, y los enroques en el Poder Legislativo tras la renuncia del diputado José Salvador Tovar Vargas y la incorporación de la legisladora Itzel Mendo González.

Antecedentes de investigación institucional

La advertencia del partido se da en un contexto de señalamientos previos sobre la presencia de actores políticos vinculados a la criminalidad. El 6 de junio de 2026, el entonces gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo reveló la existencia de expedientes de al menos ocho alcaldes y diputados electos con presuntos nexos delictivos, los cuales serían turnados a la Fiscalía General de la República (FGR).

Meses más tarde, en agosto de ese mismo año, el entonces fiscal Carlos Zamarripa Aguirre confirmó la apertura de carpetas de investigación contra funcionarios en funciones. Hasta el momento, el actual fiscal del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, no ha emitido informes públicos sobre los avances de dichas indagatorias ni se han concretado acciones penales contra los señalados.