La Paz, Bolivia.– En un giro radical a su política exterior y de seguridad, el Gobierno de Bolivia confirmó el restablecimiento de la cooperación operativa con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). El anuncio, realizado por el ministro de Gobierno, Marco Oviedo, pone fin a casi dos décadas de distanciamiento con la agencia estadounidense.

La DEA fue expulsada del país andino en 2008 por instrucción del entonces presidente Evo Morales, un hecho que en su momento fracturó los lazos diplomáticos con Washington y derivó en el retiro de embajadores.

Una estrategia de “frente multinacional”

El regreso de la agencia se enmarca en un nuevo eje de seguridad trazado por la administración actual, que busca estrechar lazos con el gobierno de Donald Trump. Según el ministro Oviedo, el objetivo es consolidar un bloque internacional para blindar las fronteras y desmantelar redes de narcotráfico.

” “La DEA ya está en Bolivia. Así como está la DEA, está también la cooperación europea con sus organismos policiales de inteligencia”, afirmó Oviedo en entrevista con medios locales, subrayando que la estrategia incluye también a fuerzas de seguridad de países vecinos.

Nuevos desafíos: Criptoactivos y tecnología

Más allá de la interdicción tradicional, el canciller Fernando Aramayo señaló que la colaboración con Estados Unidos será fundamental para enfrentar las nuevas modalidades del crimen organizado. Entre las prioridades destacan:

– Lavado de dinero: Combate al uso de criptoactivos para blanquear capitales.

– Inteligencia tecnológica: Monitoreo de la movilización de activos ilícitos mediante plataformas digitales.

– Vigilancia fronteriza: Fortalecimiento de la presencia en puntos críticos de tránsito.

Soberanía y límites operativos

A pesar de la confirmación del despliegue, la Cancillería boliviana enfatizó que la relación no será un “cheque en blanco”. Actualmente, las autoridades de ambos países se encuentran definiendo los espacios específicos y los límites operativos bajo los cuales los agentes estadounidenses podrán actuar en territorio nacional, buscando equilibrar la eficacia policial con la soberanía administrativa.