Brasil.- La trama se urdió en la penumbra de despachos militares y salones presidenciales durante los 62 días que mediaron entre la derrota de Jair Bolsonaro en la segunda vuelta del 30 de octubre de 2022 y la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva el 1.º de enero de 2023.

Más de dos años después, el testimonio del brigadier Carlos de Almeida Baptista Júnior, excomandante de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), ante la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal de Brasil -la Corte Suprema- reconstruye aquella secuencia con la precisión de un diario de a bordo y coloca al expresidente en el centro de un intento concertado de subvertir la democracia.

De acuerdo con Baptista Júnior, las reuniones tenían como objetivo tener una “lluvia de ideas” para perpetrar el golpe de Estado, pero que no alcanzó su objetivo debido a que no todos los militares estaban de acuerdo.

El silencio poselectoral y las primeras visitas al Alvorada

30–31 de octubre de 2022

Horas después de que el Tribunal Superior Electoral proclamara el triunfo de Lula por 50.9 % contra 49.1 %, Bolsonaro optó por un mutismo inédito. Durante dos días evitó declaraciones públicas, pero recibió una peregrinación constante de asesores de ala dura, que prometían pruebas de un fraude inexistente.

En ese intervalo, el ministro de Defensa, general Paulo Sérgio Nogueira, y el propio Baptista Júnior acudieron al Palácio da Alvorada, residencia oficial. Allí se discutieron, según el brigadier, “escenarios de excepción” contemplados en la Constitución —una operación de Garantía de Ley y Orden (GLO), un Estado de Defensa o un Estado de Sitio—, todos con el objetivo último de frenar la transferencia de poder.

El presidente escuchó en silencio, tomando notas, sin comprometerse abiertamente, pero sin descartar el recurso a medidas extraordinarias.

La “reunión golpista” con los tres comandantes

Primera quincena de noviembre de 2022

El punto de inflexión llegó, de acuerdo con Baptista Júnior, “en la primera quincena de noviembre”. Bolsonaro citó a los jefes de la Marina, el Ejército y la Aeronáutica a una cena tardía en el Alvorada. En la mesa rectangular, escoltados por ayudantes, los comandantes oyeron al presidente deslizar la posibilidad de no reconocer el resultado. Fue entonces cuando el comandante del Ejército, general Marco Antonio Freire Gomes, cortó la tensión de forma quirúrgica:

“ El general Freire Gomes es cortés, eso es lo que dijo. Con mucha calma y tranquilidad, pero dijo que si (Bolsonaro) hacía eso, tendría que arrestar (al entonces presidente)”.

El mensaje era inequívoco: el Ejército no sería el brazo ejecutor de un golpe. El ambiente se tornó gélido; los oficiales se retiraron con la garantía tácita de que, al menos de momento, la sedición quedaba aplazada.

La ofensiva narrativa y las dudas sobre el sistema electoral

17–25 de noviembre de 2022

Lejos de desanimarse, Bolsonaro intensificó la campaña pública contra el sistema de urnas electrónicas. Según Baptista Júnior, el propio ministro de Defensa transmitió al presidente informes técnicos que descartaban cualquier fraude. Pese a ello, el mandatario intervino para frenar la publicación de un documento de auditoría independiente que confirmaba la confiabilidad del voto:

“ Oí que sí (Bolsonaro presionó para posponer la liberación), seguramente otros testigos podrán dar eso con más precisión”, declaró el brigadier al STF.

Mientras tanto, en las puertas de los cuarteles crecían campamentos de simpatizantes que pedían “intervención militar” y proclamaban el retorno de la dictadura.

La “minuta del golpe” y la fractura en la cúpula militar

14 de diciembre de 2022

En un despacho del Ministerio de Defensa, el general Paulo Sérgio Nogueira desplegó sobre la mesa un folio titulado “Acción de Estabilización Nacional”:

“ Traje aquí un documento para que usted lo lea”, anunció.

La copia, según dice Baptista Júnior, incluía la nulidad del resultado electoral y el mandato explícito de impedir la posesión de Lula. El brigadier solicitó una aclaración crucial:

— “¿El documento prevé que el presidente electo (Lula da Silva) no asuma el 1 de enero?”
— “Sí”, respondió Nogueira.
— “Dije que ni siquiera aceptaría recibir ese documento. Me levanté y me fui”, dijo Baptista.

El almirante Almir Garnier, comandante de la Marina, tomó la palabra para ofrecer “las tropas navales” a la operación. Aquella noche, en la soledad del estacionamiento, Baptista Júnior telefoneó a Freire Gomes: ambos coincidieron en que la minuta era la línea roja.

Brainstorming extremo: la sombra de Alexandre de Moraes

15–26 de diciembre de 2022

Lo que siguió fue una sucesión de encuentros semiclandestinos, descritos por el brigadier como “lluvias de ideas” orientadas a neutralizar a la Corte Suprema y al Tribunal Superior Electoral. Entre las propuestas, las más bruscas: arrestar al ministro Alexandre de Moraes, presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) y mandar a asesinar a Lula da Silva.

“ ¿Van a arrestar a Alexandre de Moraes, presidente del TSE? Sí. Mañana, el STF concederá un habeas corpus para liberarlo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a arrestar a los otros once?”

La inviabilidad jurídica y logística de la operación, sumada al riesgo de fractura total en las Fuerzas Armadas, acabó por diluir el plan. Aun así, la retórica sediciosa se extendió por redes bolsonaristas, alimentando teorías según las cuales “todo estaba listo” para impedir la transición.

Ataques internos y la operación de desgaste

27–31 de diciembre de 2022

La negativa de Baptista Júnior a respaldar la minuta lo convirtió en blanco de una campaña coordinada en redes. El exjefe de Gabinete Walter Braga Netto, entonces compañero de fórmula de Bolsonaro, habría señalado al brigadier como traidor. Influencers de ultraderecha lo apodaron “sandía” —verde por fuera, rojo por dentro— y difundieron memes con su rostro superpuesto al de antiguos enemigos del régimen militar. El acoso digital obligó al militar a cerrar su cuenta de Twitter:

“ Todavía tengo perfiles en Twitter que me llaman sandía… ‘traidor a la patria’. Estos ataques siguen ocurriendo hoy en día.”

Para entonces, el plan estaba en coma, pero no muerto: faltaba medir el grado de adhesión popular a un acto final, el asalto a la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia, el 8 de enero de 2023.

Miles de radicales invadieron el Congreso, el STF y el Palacio del Planalto, provocando daños millonarios y un trauma institucional. Aunque el gobierno de Lula sofocó la revuelta en horas, la Policía Federal rastreó los lazos financieros entre organizadores del 8-E y exfuncionarios del Palacio. El STF abrió el expediente 12100, y el nombre de Bolsonaro emergió como “beneficiario político” de la insurrección.

Detención de Bolsonaro y cotejo de pruebas

9 de enero de 2023 a la actualidad

El exayudante de órdenes Mauro Cid confesó la existencia de la minuta y ofreció chats que situaban a Nogueira y Garnier coordinando acciones. Paralelamente, Freire Gomes y Baptista Júnior declararon a la Policía Federal, validando la amenaza de arresto y la ruptura interna: el Ejército y la FAB se negaron a ser instrumentos de una ruptura institucional.

Para el 26 de marzo de 2025, la Procuraduría General de la República (PGR) de Brasil denunció al expresidente y a otros 33 acusados por los delitos de golpe de Estado, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y organización criminal. La Primera Sala del STF aceptó la acusación por unanimidad. Bolsonaro, Walter Braga Netto, Nogueira y Garnier pasaron a integrar el “Núcleo 1” del proceso, señalado como la cúpula conspirativa.

Durante 90 minutos de audiencia de este miércoles, retransmitidos en vivo por el canal judicial, Baptista Júnior ratificó cada punto de sus declaraciones previas. Reconoció “la participación de Bolsonaro en reuniones en las que se discutía un golpe de Estado” y subrayó que la intentona fracasó por “la falta de apoyo unánime” dentro de las Fuerzas Armadas.

Confirmó que el presidente había sido informado —por el propio ministro de Defensa— de que no existía fraude alguno en las urnas.

¿Qué más sigue en la investigación?

El Supremo programa nuevas diligencias y no descarta emitir órdenes de captura preventiva si afloran indicios de obstrucción. Bolsonaro enfrenta la posibilidad de hasta 20 años de cárcel si se confirma que lideró la organización descrita por la PGR.

“ Evalué que el intento de golpe no prosperó debido a la falta de apoyo ‘unánime’ de las Fuerzas Armadas”, concluyó Baptista Júnior ante los jueces.

Ese mínimo de sensatez castrense —más que la fortaleza de las instituciones civiles— pudo haber salvado la democracia brasileña en las últimas noches de 2022. El STF prepara su veredicto, pero el testimonio del brigadier ya ofrece la imagen más nítida de un presidente que, según uno de sus propios comandantes, se asomó al abismo de la sedición.

Marco Rubio pide ‘la cabeza’ de De Moraes
El jefe de la diplomacia estadunidense, Marco Rubio, afirmó este miércoles en el Congreso que existe una “gran posibilidad” de que Washington sancione al juez brasileño Alexandre de Moraes, a cargo del juicio por golpismo al expresidente Jair Bolsonaro.

Durante una audiencia en la Cámara de Representantes, el congresista republicano Cory Mills le preguntó a Rubio “qué piensa hacer” ante lo que calificó de “alarmante deterioro de los derechos humanos en Brasil”.

“ Hemos presenciado una censura generalizada y persecución política dirigida contra toda la oposición, incluyendo periodistas y ciudadanos comunes. Lo que ahora están haciendo es encarcelar, eminentemente por motivos políticos, al expresidente Bolsonaro”, añadió el congresista.

Según él, “esta represión se extiende más allá de las fronteras de Brasil, afectando a personas en territorio estadounidense”.

Mills le preguntó directamente si van a sancionar a Alexandre de Moraes bajo la Ley Global Magnitsky, que castiga a extranjeros implicados en violaciones graves de los derechos humanos o en actos de corrupción a nivel mundial.

“ Se está revisando en este momento, y hay una gran posibilidad de que suceda”, respondió escuetamente Rubio.

De Moraes se ha enfrentado a Musk, el hombre más rico del mundo y asesor cercano del presidente estadounidense, Donald Trump, bloqueando temporalmente su red social X hasta que cumpliera la orden de bloquear las cuentas de un grupo de usuarios.