Ciudad de México.- Acabar con la corrupción en el Poder Judicial es el objetivo de la Ley Zaldívar, planteó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

La Ley Zaldívar es la reforma aprobada en el Senado para extender la presidencia del Ministro Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia (SCJN) hasta finales de 2024, la cual tendrá su principal impacto en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que quedaría en manos de funcionarios afines a Morena y el propio Zaldívar hasta 2026.

“ Entiendo y así lo ha mencionado el Presidente de la República, que el objetivo central, pues es acabar con la corrupción en el sistema o en el Poder Judicial, que es parte o es esencia también de lo que quiere la Suprema Corte de Justicia, todos los ministros, y en general pues una gran mayoría de quienes pertenecen a este poder”, comentó Sheinbaum este sábado.

Aún tiene pendiente, dijo la Mandataria, estudiar los detalles de la ley.

“ Entiendo que ese es el objetivo, pero no podría opinar dado que no conozco los detalles de la ley, le he pedido ahí al consejero jurídico que nos podamos reunir para poder tener una opinión general”, apuntó Sheinbaum en videoconferencia.

El artículo transitorio aprobado el pasado jueves prolonga de cinco a siete años los nombramientos de los seis consejeros de la Judicatura en funciones, lo que contradice el artículo 100 de la Constitución.

“ Salvo el Presidente del Consejo, los demás Consejeros durarán cinco años en su cargo, serán substituidos de manera escalonada, y no podrán ser nombrados para un nuevo período”, dice este artículo.

Zaldívar, presidente del CJF desde enero de 2019, para un periodo que, según el artículo 97 de la Constitución, debería ser de cuatro años, ahora lo seguiría siendo hasta el 30 de noviembre de 2024, que también será el día de su retiro como Ministro de la Corte.

Pero cinco de los restantes seis integrantes del CJF nombrados en 2019, que tendrían que dejar sus cargos a lo largo de 2024, ahora se quedarían hasta 2026, ejerciendo la función crucial de administrar, vigilar e imponer sanciones a jueces y magistrados de más de 850 Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, los más importantes del País.